Albia considera que es una cuestión que se ciñe, exclusivamente, a una interpretación jurídica respecto a un trámite procedimental como es el no haberse realizado la notificación previa o voluntaria de la operación al entender que no era preceptiva la misma, a pesar de lo cual, la empresa informó de la misma en el marco de otra operación que estaba conociendo la CNMC.

“De hecho”, argumenta, “la compra de Tanatorios Móstoles fue aprobada por la CNMC sin compromisos, con fecha 20 de abril, pues no supone ningún riesgo para la competencia efectiva en el mercado”.

Además, afirma que la CNMC tuvo conocimiento de esa operación porque Albia facilitó datos de la misma, aun entendiendo que no era preceptiva su notificación. Y es, tras ese acto por parte de Albia, “voluntario y transparente, cuando surge la presente cuestión jurídica”.

La compañía entiende que esta diferencia de posiciones deberá ser objeto de valoración por instancias superiores para clarificar los criterios contenidos en la resolución y analizar si realmente se ajustan tanto a la realidad del mercado como a las propias costumbres actuales de los consumidores.

Albia destaca que es una compañía que respeta “absolutamente todos los procedimientos legales y es transparente en sus actuaciones. En ningún momento tuvo ánimo de ocultar esta operación. Por el contrario, su actitud es siempre colaborativa ante cualquier solicitud y requerimiento informativo por parte de la CNMC”.

Para Albia, los servicios funerarios que ofrece un tanatorio tienen un ámbito de influencia que va más allá del municipal o local, pudiendo ser requeridos por los consumidores libremente para prestar servicios a nivel regional, provincial o incluso nacional. De hecho, indica que el 35% de las salas de velación prestadas por Tanatorio de Móstoles corresponde a fallecidos fuera de este municipio madrileño, cuyos familiares deciden que los servicios se presten en sus instalaciones.