Así lo trasladó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando se le preguntó por la decisión tomada por el Tribunal de Cuentas de pedir un informe a la Abogacía del Estado antes de decidir sobre la viabilidad de los avales otorgados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

En este sentido, Rodríguez recordó que la Generalitat solicitó un informe al Consejo de Garantías Estatutarias, y también el Gobierno ha iniciado “mecanismos de consultas a los servicios jurídicos en el ámbito de la ordinalidad del análisis de las normas autonómicas” para conocer la legalidad de la decisión de la Generalitat.

Esta fue la valoración del Ejecutivo, que todavía estudia si recurrir la decisión de la Generalitat, después de que la delegada instructora del Tribunal de Cuentas que impuso una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat, Esperanza García, reconociese “dudas” sobre la “suficiencia y legalidad” de avales presentados por el ICF.

Este informe de la Abogacía del Estado tendrá que aclarar si el ICF puede amparar responsabilidades contables por dolo o culpa grave, en nombre de la propia administración autonómica perjudicada.