Fuentes del Ejecutivo trasladaron que estudiarán el dictamen del Consell de Garantías Estatutarias y será analizado también por la abogacía del Estado a los efectos de preparar su informe jurídico.

El informe de este organismo avala el texto aprobado por el Ejecutivo catalán el 6 de julio pero recomienda modificar algunos artículos, como fijar como “excepcional y muy limitada en el tiempo" la tarea de avalista que se le atribuye al Instituto Catalán de Finanzas (ICF).