Además, según informó en un comunicado, la AEE estima que si se aplica la norma propuesta por Industria se perderán 16.500 empleos, casi la mitad del empleo actual. Por el contrario, consideran que si se instalase la potencia prevista, el empleo en el sector eólico llegaría a 43.000 puestos de trabajo en 2015 y 51.000 en 2020, frente a los 35.000 de finales de 2009.

El sector entiende que, de salir adelante la regulación en los términos propuestos, se instalará un 69% menos de la potencia de la prevista por las comunidades autónomas, dado que sólo serán rentables los parques que se instalen en zonas con un recurso eólico muy superior a la media. Por ello, la AEE solicita al Ministerio de Industria que reconsidere su postura y retire el borrador tal y como está planteado actualmente.

La inversión total que se realizaría según lo planificado en las comunidades autónomas (en su mayoría, la potencia adjudicada en los concursos eólicos) sería de 18.399 millones de euros. Sin embargo, la norma en tramitación supondría una moratoria de facto que reduciría la inversión a 5.719 millones, según la estimación realizada por la AEE.

Para lesta asociación, tras consultar con los bancos, el borrador de Industria impone un sistema de primas variables en el tiempo para todos los megavatios que se instalen bajo el nuevo marco regulatorio que imposibilita hacer previsiones sobre los futuros ingresos y, por lo tanto, impide el acceso a la financiación.

A ello, según la AEE, se añade que la nueva regulación supone un recorte de facto del 40% sobre las condiciones económicas actuales, que implica que no se garantiza la rentabilidad razonable de los proyectos tal y como exige la Ley del Sector Eléctrico.