Estará dotado con casi 200 millones de euros –en concreto, 198 millones—para 2021, según anunció la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que fue aprobado.

El FRER servirá para facilitar la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia competencia de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y su cantidad aumentará de forma sustancial en 2022 y 2023.

Ribera apuntó que “hoy se han aprobado las reglas que rigen este Fondo diseñado para gestionar dichos recursos, de modo que puedan ejecutarse las partidas destinadas a inversiones en agua, costas, cambio climático, prevención de la contaminación, gestión de residuos, climatología, meteorología, etc.”.

Además, Ribera señaló que contará con un sistema de control para garantizar que todas estas inversiones cumplen con los requisitos nacionales y europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El FRER contará con un plan de actuación que contendrá las líneas estratégicas en torno a las que desempeñará su actividad.

A través de subvenciones, contratos, convenios, encargos a medios propios personificados y encomiendas de gestión, instrumentará las medidas de apoyo en materia de agua y dominio público hidráulico; costas, protección y conservación del mar y del dominio público marítimo-terrestre; cambio climático, su mitigación y adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia climática; prevención de la contaminación, fomento del uso de tecnologías limpias y hábitos de consumo menos contaminantes y más sostenibles, de acuerdo con la política de economía circular; protección del patrimonio natural, de la biodiversidad y de los bosques; meteorología y climatología; así como cualquier otra medida que tenga atribuida el ministerio.

Su gestión y dirección se llevará a cabo mediante un Consejo Rector adscrito al Miteco a través de la Secretaría de Estado de Medioambiente.

El Consejo establecerá un sistema de control que garantizará la adecuación del FRER a la regulación aplicable al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se creará la Oficina Técnica del Fondo, adscrita a la Secretaría de estado, para prestar apoyo y asistencia técnica al Consejo Rector.

PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN

Por otro lado, Ribera informó de que en el Consejo de Ministros se trató un informe sobre el estado del patrimonio natural y la biodiversidad, y anunció la aprobación de la ampliación del Área Marina Protegida del Cachucho, en el Cantábrico.

La protección de esta zona fue aprobada por primera vez en 2011, pero desde este martes verá ampliada su superficie en más de 26.700 hectáreas.

Además, el Ministerio de Transición Ecológica y el de Educación han elevado al Consejo de Ministros el Plan de Acción en Materia de Educación Ambiental y Sostenibilidad, dirigido a la sensibilización ciudadana.

"Una sociedad informada, consciente, es una sociedad exigente, que entiende el valor de la naturaleza pero entiende también el coste de las pérdidas y de las amenazas" en este terreno, indicó Ribera. Por eso, "es necesario facilitar el mayor conocimiento posible (sobre estos temas) por parte de la sociedad", concluyó la ministra.

CONTENIDO DEL PLAN

El Plan contiene las líneas estratégicas de la educación ambiental y sostenible en España para los próximos 5 años, y ofrece un marco de trabajo coordinado para reforzar aquellas políticas que deben hacer frente a los desafíos climáticos y ambientales.

Con su elaboración, los dos ministerios buscan reflejar el diagnóstico de la situación actual de la educación ambiental en España e impulsar los ámbitos estratégicos de actuación, así como los objetivos, principales medidas y acciones concretas a desarrollar por las diferentes Administraciones, entidades, organizaciones y agentes implicados.

Entre los principales objetivos de este plan, figuran impulsar la información, sensibilización y concienciación de la sociedad para aumentar su participación en procesos de toma de decisiones; promover un cambio en la forma de relacionarnos con el entorno, que permita profundizar y acelerar la transición ecológica, y reforzar el papel de la educación ambiental y sostenible como herramienta para la transformación social, cultural y económica que la emergencia climática y ambiental requieren.

El plan cuenta con seis ejes operativos. El primero hace referencia a la transversalización de la educación ambiental y sostenible en las políticas públicas; el segundo tiene que ver con la innovación e investigación, y un tercero se centra en la integración de la sostenibilidad en el sistema educativo y formativo.

El cuarto ámbito hace referencia a la profesionalización y consolidación del sector de la EAS, mientras que el quinto se refiere a los escenarios y espacios específicos de intervención. El último eje aborda la comunicación, divulgación y acción ciudadana.

Los seis ejes aglutinan un total de 61 acciones clave a desarrollar por parte de la Administración General del Estado, distintas entidades del sector público y privado, comunidades autónomas y entidades locales a lo largo de un lustro desde el momento de su aprobación, así como orientaciones de trabajo y propuestas de acción para otros sectores y agentes implicados.