El Gobierno de España rechaza de manera “tajante” el contenido de la nota remitida ayer por la Cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política.

Nicaragua, según indica el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota, atraviesa una “profunda” crisis política, económica y social desde hace ya más de tres años que se “ha agudizado” en las últimas semanas como consecuencia del “recrudecimiento de la represión” por parte del Gobierno del presidente Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes.

Asimismo, critica que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, “eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados”.