Durante su comparecencia extraordinaria en la Comisión de Transición Ecológica para explicar las medidas que está adoptando el Ejecutivo contra la subida de la tarifa eléctrica, la vicepresidenta no se refirió de forma expresa en su intervención inicial a la petición que le ha hecho Unidas Podemos para que se limiten los precios máximos de la energía nuclear y la hidroeléctrica, pero aludió claramente a ello.

Ribera dijo que el Gobierno va a dar la batalla legal en Europa para que Bruselas escuche su demanda de que se corrijan las disfunciones legislativas que favorecen la subida de precio de la luz, pero quiere hacerlo con debate y diálogo con los Estados miembros y no de forma unilateral.

“Es lo peor que se puede hacer”, afirmó, “no hay nada más perjudicial para los ciudadanos y el tejido productivo de un país que adoptar medidas frontalmente contrarias al marco comunitario; eso acaba convirtiéndose en pérdida de confianza en el país y en multas y sanciones más intereses, a veces en ámbito comunitario, o como recientemente ha ocurrido con el canon hidráulico (modificado en la etapa de gobierno del PP por el ministro José Manuel Soria en 2012), con sentencias que nos obligan a devolver 1.400 millones a las hidroeléctricas”.

Ribera insistió en que “debemos respetar el Derecho comunitario, porque lo contrario es enormemente arriesgado por atractivo que pueda resultar en el corto plazo”.

Explicó en concreto que el reglamento de la UE prohíbe expresamente a los Estados miembros establecer precios mayoristas regulados y debe hacerse en función de oferta y demanda, igual que se prohíbe establecer precios máximos o mínimos o discriminar por tecnologías en el acceso al mercado mayorista, que “debe existir sí o sí”.

PARLAMENTO

En su intervención, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico desgranó las medidas que ya ha adoptado el Gobierno para abaratar la luz, como la bajada del IVA, y también recordó que van a ser “sensibles” a las demandas de las organizaciones de consumidores para regular de nuevo la tarifa PVPC reduciendo su dependencia de un mercado volátil como el mayorista integrando una cesta de indicadores más estables.

Ribera volvió a cargar contra las hidroeléctricas que han vaciado embalses en las últimas semanas. “Sabemos que es muy probable que lo que han hecho sea perfectamente compatible con el diseño del mercado mayorista e imaginamos que a pesar de esa escandalosa reducción de algunos volúmenes de agua embalsada, de prácticamente el 70% en seis semanas, no es descartable que eso sea compatible con las cláusulas entre la administración hidroeléctrica y el concesionario, pero esto no es razonable de ninguna de las maneras. Del mismo modo que señalamos y agradecimos la empatía social de las compañías eléctricas (al inicio de la pandemia) aquí no se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social. Quiero dejar clara una cosa: aunque suene a broma, la empatía cotiza en Bolsa, muchas compañías tienen entre sus accionistas a fondos de inversión que responden por principios de responsabilidad social, ambiental y gobernanza. Así que confío que este comportamiento se vaya corrigiendo, sin perjuicio de que el Gobierno tomará las decisiones pertinentes”.

En ese sentido, recordó que el Gobierno está trabajando en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas para “buscar que la ordenación del agua pueda contar con una regulación que permita poner orden en algo que es indeseable”.

Ribera se mostró dispuesta a colaborar desde su Ministerio si finalmente se crea en el Parlamento una comisión que estudie la subida de los precios.