Así lo recoge el artículo 87 del anteproyecto, que versa sobre la equidad y no discriminación. “Las universidades garantizarán al estudiantado que en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes no será discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, nacionalidad, enfermedad, condición socioeconómica, idiomática o lingüística, afinidad política y sindical, por razón de su apariencia, o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, puede leerse.

Además, el texto resalta que “los edificios universitarios y sus entornos deberán ser accesibles para el acceso y utilización de las personas con discapacidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. Asimismo, las universidades deberán desarrollar normas de convivencia, en los términos previstos en la normativa específica”.

En esta línea, el anteproyecto llama a que las universidades adopten “las medidas necesarias para que las actividades culturales se adecuen a las necesidades formativas del estudiantado”, y en particular recalca que “asimismo, deben resultar accesibles para todas las personas, particularmente aquellas personas con discapacidad”.

LENGUA DE SIGNOS

El anteproyecto atiende a distintos tipos de discapacidad que pueden presentar los alumnos. Así en el artículo 89, sobre diversidad lingüística, el texto reza que “las universidades impulsarán el uso de las lenguas cooficiales propias de sus territorios, de conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos y regímenes de cooficialidad lingüística” y que deberán fomentar el conocimiento y el uso de lenguas extranjeras, pero también que “facilitarán a las personas usuarias de las lenguas de signos su utilización cuando se precise”.

La propuesta de la LOSU que Castells ha presentado al Gobierno recoge de forma transversal la apuesta por la equidad, especialmente de género en el sistema universitario, pero también deja la puerta abierta para la atención directa y la inclusión de otros colectivos.

UNIDADES DE DIVERSIDAD

Así, el artículo 19, versa sobre unidades de igualdad, de diversidad, de defensoría del universitario y de inspección de servicios. “Las universidades deberán tener como mínimo unidades de igualdad, de diversidad, de defensoría del universitario y de inspección de servicios dotadas con recursos humanos y económicos suficientes”.

El texto concreta que “las unidades de diversidad serán las encargadas de coordinar y transversalizar el desarrollo de las políticas universitarias antidiscriminación en el conjunto de actividades y funciones de la universidad”.

Asimismo, añade que “la defensoría universitaria se encargará de velar por el respeto a los derechos y las libertades de profesorado, estudiantado y personal técnico, de gestión y de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios”.