Así lo aseguraron este jueves fuentes cercanas a quienes han elaborado este anteproyecto, que, al igual que el texto presentado este martes en el Consejo de Ministros, hicieron referencia a que el gasto de educación está recogido en la Lomloe (la ley de Educación aprobada recientemente por Isabel Celaá).

Por ello, lo que corresponde a la universidad es un 19-20% del total del gasto educativo de todo el sistema, universitario y no universitario, y que el Gobierno se compromete a que llegue al 5% del PIB en los próximos años.

Es decir, con el Producto Interior Bruto de 2020 (1,12 billones de euros aproximadamente) el gasto educativo total sería de unos 56.084 millones, de los que una quinta parte correspondería a la Educación Superior (11.216 millones de euros).

Las mismas fuentes dejaron en manos de las autonomías ese presupuesto, porque entienden que son las competentes en la financiación de las universidades.

El anteproyecto ha suscitado algunos debates en cuestiones como la discriminación positiva hacia las mujeres para optar a un puesto como personal docente e investigador. Según argumentaron las mismas fuentes, se entiende que cuando haya mucha representación de uno de los sexos se podría tener preferencia en los candidatos hacia el menos representado. Pero para ello, se tiene que partir de que deben optar al cargo en igualdad de condiciones e idoneidad de méritos, algo que según estos entendidos recoge el Estatuto de los Trabajadores y se lleva años aplicando.

Asimismo, las mismas fuentes defendieron que las universidades podrán elegir su sistema de gobernanza y que los títulos los expiden los rectores en nombre del Rey.