Según informa la CNMV, este visto bueno llega después de que IFM aceptara todas las condiciones requeridas por el Consejo de Ministros como mantener la sede y un dividendo prudente para continuar con las inversiones y no abordar desinversiones distintas a las incluidas en el Plan Estratégico 2022-2025 ni excluirla de Bolsa o perder el control de las filiales que aseguren el transporte y distribución de energía en España.

La opa se dirige a un máximo de 220.000.000 de acciones, representativas del 22,69% del capital de Naturgy. El precio ofrecido es de 22,07 euros por acción.

El precio inicial de 23 euros ofrecido el 26 de enero ha sido ajustado como consecuencia de los dividendos pagados por Naturgy el 17 de marzo y el 4 de agosto de 2021 por importe bruto, respectivamente, de 0,63 euros y 0,30 euros por acción.

La oferta se formula tras los acuerdos de IFM con los accionistas de Naturgy CVC y GIP -titulares del 20,72% y del 20,64% del capital- de no aceptar la opa. La efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación de un mínimo de 164.834.347 acciones, representativas del 17% del capital.

En garantía de la operación IFM ha presentado 7 avales por un total de 4.921.400.000 euros, otorgados por 15 entidades financieras. El plazo de aceptación de la opa será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta

CONDICIONES DEL GOBIERNO

El Gobierno exige que durante los cinco años siguientes a completar la OPA el fondo IFM apoye con su votación en el Consejo de Administración y en la Junta General de Accionistas la inversión de Naturgy en proyectos vinculados a la transición energética en España, “que contribuyan a generar valor a largo plazo, sean sostenibles y se ajusten a los estándares de mercado en términos de rentabilidad y perfil de riesgo”.

También que mantenga el domicilio social de la sede efectiva de gestión y dirección de los negocios en España, “una parte significativa de la plantilla del grupo en España” y una política de dividendos “prudente que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética”.

Además le exige aplicar una política de endeudamiento externo encaminada a mantener la calificación crediticia de grado de inversión de la sociedad y permitir que las ratios de endeudamiento de sus filiales reguladas en España “no sean superiores a las recomendadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”, y sea transparente con la información a los mercados de valores en sus reportes financieros semestrales y los anuales de Gobierno Corporativo y sobre remuneración del Consejo.

Asimismo, obliga al fondo australiano a “no apoyar ninguna propuesta de desinversión distinta de las que ya puedan estar reflejadas en el Plan Estratégico 2022-25” de Naturgy, aunque se presente al Consejo o la Junta, y que implique que “pierda el control de las filiales, que pueda poner en peligro el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en España”.