Facua-Consumidores en Acción exigió este lunes al Gobierno central que lleve a cabo una “reforma de calado” del bono social, con descuentos de hasta el 100% para los consumidores vulnerables ante la subida de la factura de la luz y advirtió de que los máximos históricos en el precio de la electricidad la hace “más urgente que nunca”.

Así lo subrayó en un comunicado, en el que recordó que hace meses que ha reclamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que establezca tres categorías de consumidores vulnerables para aplicarles descuentos del 50%, el 70% o el 100% en la factura eléctrica en función de su situación económica.

Para la organización, dicha propuesta representa “un cambio de calado” en el actual modelo de bono social, que, a su juicio, además de ofrecer descuentos “demasiado reducidos impone la percepción de unos ingresos económicos desproporcionadamente bajos”.

“Y ello a la vez que, de forma contradictoria, se ofrece a todas las familias numerosas, por muy alto que sea su nivel adquisitivo”, agregó, al tiempo que advirtió de que los máximos históricos en el precio de la electricidad “hacen más urgente que nunca” que el Ejecutivo de coalición acometa la "reforma profunda del bono social eléctrico a la que se comprometió en su acuerdo programático”.

A este respecto, la asociación defendió que el modelo de bono social que ha planteado, que incluye también un bono de gas tanto natural como propano y butano y de agua, “tendría perfecto encaje” en el marco de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

CONSUMIDOR VULNERABLE

En concreto, Facua propone que, para que una persona pueda adquirir la condición de consumidor vulnerable, sus gastos en suministros domésticos más la hipoteca o el alquiler de la vivienda representen al menos el 35% de sus ingresos y que estos no superen dos salarios mínimos, que se elevarían hasta tres en función del número de hijos, personas con discapacidad, dependientes o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.

Con carácter general, reclama que pueda acceder al bono social cualquier familia que tenga estos gastos y cuyos ingresos no superen dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este límite se incrementaría en 0,2 veces el SMI por cada hijo a cargo de la unidad de la vivienda. El incremento aplicable sería de 0,3 veces el SMI por cada hijo en el caso de las familias monoparentales y el límite se incrementaría en 0,2 veces el SMI por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tuviese declarada discapacidad de al menos el 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditada de forma permanente para realizar una actividad laboral, sea víctima de terrorismo o violencia de género, incluida la “violencia económica”, podría acceder al bono social si los ingresos familiares no superan tres veces el SMI, sin perjuicio de los incrementos acumulados por cada hijo a cargo y persona mayor de 65 años.

FAMILIAS EN EXCLUSIÓN

Para las familias cuyos ingresos no superen un salario mínimo, pide que sean consideradas en riesgo de exclusión social y que el descuento en las facturas de luz, gas y agua represente el 70% de su importe. Este límite de ingresos se incrementará de la misma forma que para el resto en función del número de hijos, personas dependientes, con discapacidad o mayores de 65 años que formen parte de la unidad familiar.

Si los servicios sociales emiten un dictamen que certifique que una familia con ingresos inferiores a los mencionados tiene una situación que le impide hacer frente al pago de los suministros, serán las empresas, según Facua, las que se hagan cargo del 100% de sus facturas.

Las bonificaciones del 50% o el 70% propuestas se aplicarían sobre la totalidad de la parte fija de las facturas y tendrán limites en la relativa al consumo. En el caso de la luz, el "tope" estará en 3.600 kWh anuales en las familias de hasta dos personas, que aumentarán en 400 kWh al año por cada miembro más de la unidad de convivencia, hasta un máximo de consumo anual de 5.200 kWh.