La medida, que sigue la recomendación de la Comisión Europea de activar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, libera a los Estados miembro de la obligación de cumplir con los objetivos de déficit y permite un mayor gasto público con el que hacer frente a la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias económicas.

De esta forma, como ya ocurrió en 2020 y 2021, el Congreso activa la cláusula de escape recogida en los artículos 135 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que permiten suspender las reglas fiscales en situaciones de emergencia. En concreto, ambos artículos establecen que “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”.

Durante el debate de la medida, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, destacó que la suspensión de las reglas fiscales y el límite de gasto no financiero son “un paso más para que nuestro país cuente en 2022 con unos Presupuestos Generales del Estado que consoliden una recuperación económica justa socialmente que llegue a todas las personas y todos los territorios”.

“POLÍTICAS EXPANSIVAS”

En este sentido, Montero apuntó que “si en 2020 nos dedicamos a luchar contra la pandemia y 2021 está siendo el año de la recuperación económica y social”, 2022 será el año para “consolidar el crecimiento económico y avanzar en el camino de la modernización de España”, mediante el aprovechamiento de los fondos europeos y “políticas expansivas que apoyen el tejido productivo y sirvan de palanca para las inversiones y fomenten el crecimiento justo”.

Asimismo, la titular de Hacienda resaltó que “la Comisión Europea continúa ofreciendo una respuesta económica radicalmente opuesta a la de la anterior crisis”, impulsando la recuperación mediante políticas expansivas de gasto público. Además, subrayó que actualmente los Estados miembro debaten sobre la recuperación de las reglas fiscales en 2023, por lo que quedan 2021 y 2022 como plazo durante el cual “no retirar los estímulos hasta que la recuperación no sea más robusta y se alcance los niveles de PIB pre pandemia”.

La ministra también informó a la Cámara Baja sobre el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio y que no requiere la validación parlamentaria. Montero recordó que el Ejecutivo aprobó un ‘techo de gasto’ de 196.142 millones de euros, un 0,023% más respecto al de 2021 (45 millones más), por lo que resaltó que se trata de “la cifra más elevada en nuestra historia democrática”. Este gasto será sobre el que el Gobierno elaborará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, cuyo proyecto se encuentran negociando PSOE y Unidas Podemos y que será presentado en la Cámara Baja a finales de septiembre para iniciar su tramitación parlamentaria.

En cuanto al déficit público, las tasas de referencia manejadas por el Ejecutivo prevén que al cierre de 2022 baje al 5%, frente al 11% que alcanzó en 2020 y al 8,4% que se prevé al cierre de 2021. Por administración, la estimación es que el déficit de la administración central será de 3,9 puntos, mientras el de las comunidades autónomas se situará en los 0,6 puntos y el de la Seguridad Social en 0,5 puntos, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.

En este sentido, Montero apuntó que “la suspensión de las reglas fiscales no implica que no haya responsabilidad por parte de las administraciones con la sostenibilidad presupuestaria y estabilidad financiera”, y subrayó que la reducción del déficit prevista para 2022 es muestra de ello.

Por último, la ministra pidió la colaboración de todas las formaciones políticas para aprobar los Presupuestos, al considerar que “no se entendería que alguna formación política” no lo facilitase en las circunstancias actuales, y aseguró que “desde ya vamos a mantener abiertas todas las líneas de comunicación para sumar todos los apoyos posibles”.

ABSTENCIÓN DEL PP

En cuanto al resto de formaciones parlamentarias, la diputada María Elvira Rodríguez, del PP, anunció la abstención de su formación y criticó el uso que el Gobierno realiza de la activación por parte de Bruselas de la cláusula de escape, con elevados niveles de déficit y endeudamiento. Asimismo, advirtió al Ejecutivo que “España aguanta porque el Banco Central Europeo atiende todas nuestras necesidades de endeudamiento” y que la suspensión de las reglas fiscales es “pan para hoy y hambre para mañana”, para concluir afeando al Gobierno su “complacencia” e “irresponsabilidad” y advertir que “las trampas al solitario nunca conducen a nada bueno”.

En representación de Vox, Iván Espinosa de los Monteros explicó el voto en contra de su partido, al considerar que el Gobierno pide “un cheque en blanco para gastar sin control, permiso para endeudarse sin límite alguno y autorización para disparar el déficit hasta límites nunca conocidos”, y señaló que la desviación temporal del déficit “no puede poner en peligro la sostenibilidad a medio plazo”.

Por parte de Unidas Podemos, el diputado Txema Guijarro destacó como “clave” el “giro copernicano” realizado por el Banco Central Europeo para salir de la crisis del Covid-19 con políticas expansivas, frente a “las políticas austericidas” de la crisis económica anterior, pero advirtió que la intención de los países del norte de Europa de retomar las reglas fiscales en 2023 sin reformarlas previamente supondrá “despeñar a nuestro país por el abismo”.

El diputado Joan Margall, de ERC, señaló el voto favorable de su formación sobre la suspensión de las reglas fiscales, al considerar que son necesarias políticas expansivas porque todavía muchos ciudadanos se ven afectados por la crisis económica y sanitaria del Covid-19 y que la recuperación está siendo desigual, pero pidió “valentía” para derogar el artículo 135 de la Constitución y unas reglas fiscales que “limitan” la actuación de comunidades autónomas y entidades locales.

En cuanto a Junts per Catalunya, la diputada Míriam Nogueras criticó que la tasa de referencia para las comunidades autónomas supone “1.200 millones de euros menos para Cataluña en 2022” y que en dicho ejercicio no vaya a haber un fondo extraordinario para las autonomías, por lo que aseguró que su partido “no apoyará esta irresponsabilidad”.

Por parte del PDeCat, Genís Boadella manifestó el apoyo de su formación a la suspensión de las reglas fiscales, al reconocer “la excepcionalidad” de la situación actual y, por tanto, la necesidad de tomar medidas excepcionales, pero pidió “equilibrio entre el endeudamiento y los presupuestos”.

"CLARA SITUACIÓN EXCEPCIONAL"

En nombre de Ciudadanos, María Muñoz reconoció la “clara situación excepcional” que vive España, pero advirtió sobre la preocupación de su grupo parlamentario por “la posible senda de desequilibrio en las cuentas públicas y la falta de medidas de control del gasto público”, por lo que pidió “un plan de reequilibrio que haga su discurso más creíble”.

La diputada Idioa Sagastizabal comunicó el voto favorable del PNV, al destacar que la suspensión de las reglas fiscales permitirá a las administraciones hacer uso de los fondos europeos y “una política expansiva para lograr no solo la recuperación económica, sino la transformación de un modelo económico hacia un modelo verde, sostenible e inclusivo”, frente a los perjuicios que causaría la retirada temprana de los estímulos.

En cuanto a Bildu, Mertxe Aizpurua, anunció el voto a favor de su grupo sobre la suspensión de las reglas fiscales así como su disposición para negociar los Presupuestos de 2022, pero pidió al Ejecutivo derogar el artículo 135 de la Constitución y la ley de estabilidad presupuestaria.

Por parte de la CUP, Albert Botran señaló la abstención de su partido, al criticar el reparto del déficit y de los recursos que llegan a las comunidades, e incidió en la necesidad de derogar el artículo 135 y la ley de estabilidad presupuestaria, así como en la necesidad de hacer una auditoría de la deuda pública para identificar qué parte es ilegítima.

El diputado Néstor Rego, del BNG, anunció la abstención de su partido, al considerar necesaria la medida pero criticar “que sea el Estado quien se reserva mayor capacidad para incurrir en déficit”.

Por UPN, Carlos García Adanero criticó la “autocomplacencia” del Ejecutivo y la falta de recursos para las comunidades autónomas, así como el encarecimiento de productos básicos como la luz, los alimentos o los combustibles.

En cuanto a Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca manifestó su voto en contra, indicando que el Gobierno “es adicto a la indisciplina en el gasto público” y que ésta lleva “al empobrecimiento de la sociedad” y supone “un riesgo para el empleo”.