Las formaciones políticas firmantes (ERC, EH BIldu, JxCat, PDECat, CUP, Más País y Compromís) criticaban en esta petición que los aparatos del Estado, a su entender, tienen un “contumaz interés” en evitar el “control” de la institución de la que es miembro el jefe del Estado, así como que la abdicación del rey Juan Carlos I fue el “inicio de una serie de escándalos mayúsculos en relación con su propia figura y su reinado” desde la Transición.

Pese a ello, lamentaban que nunca se ha podido construir una comisión de investigación en el Congreso, aunque ocho grupos con representación en la Cámara Baja han firmado “reiteradas” peticiones en este sentido.

Estos partidos aseguran que las cuentas de los diferentes departamentos del Gobierno sí deben de poder ser auditados hasta el detalle que sea requerido por parte de los representantes de la ciudadanía. Al respecto, destacaban algunas informaciones sobre los usos y presuntos abusos de bienes y capital perteneciente a Patrimonio Nacional y a su usufructo por parte de miembros de la familia real.

CASAS FORESTALES Y PISCINAS

Como ejemplos, recalcaban que Patrimonio Nacional se hizo cargo del mantenimiento de al menos 39 casas forestales por un valor de 666.000 euros entre 2006 y 2020, o que a través de este se paga el mantenimiento de tres piscinas de la Casa Real con un coste de más de 250.000 euros anuales a cargo del erario público, entre otros.

Por todos estos motivos, y “limitados por la censura que la Mesa del Congreso impone a la transparencia de los gastos de la Casa y la familia real", los citados grupos parlamentarios presentaban esta petición, que sin embargo volvió a ser víctima de esa supuesta “censura” del órgano de gobierno de la Cámara Baja.

Durante esta legislatura, con ésta rechazada hoy ya se han presentado un total de 16 peticiones para crear una comisión de investigación por parte de diferentes partidos políticos sobre las acciones del rey Juan Carlos I.