El sindicato solicita que se implemente un modelo de trabajo en el que el 40% de las horas se hagan de forma presencial y el 60% sean de trabajo telemático, frente a la resolución que limita el teletrabajo a un día de la semana como máximo, “un 20% de la jornada”, que CSIF no ha suscrito porque “no reúne los requisitos necesarios para garantizar en las mejores condiciones la vuelta al trabajo presencial”.

El sindicato insistió en que su propuesta se ciñe al artículo 7.1.e) de la Ley 2/2021, por lo que cree que “deben adoptarse medidas” para que esta reincorporación se haga “con máximas garantías de seguridad de todos los empleados públicos”, y a la par para potenciar el teletrabajo, “que ha sido muy positivo en la Administración General del Estado”.

Además, la organización reconoció que la resolución sí ha tenido en cuenta sus propuestas al tener en consideración “las características e incidencia de la pandemia en cada país” y establecer la excepción de que las personas con cáncer o inmunodeficiencia, las que hagan cuarentena o trabajen en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas de la pandemia, y el personal en el exterior en determinadas circunstancias, puedan teletrabajar la totalidad de la jornada.

Por ello, reclama al Gobierno “un Real Decreto que recoja el Acuerdo sobre Teletrabajo en la Administración General del Estado, conforme al acuerdo alcanzado" con el sindicato.

CSIF criticó que la vuelta a la presencialidad “se va a realizar con unas plantillas bajo mínimos”, poniendo como ejemplo que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) rescindirá el contrato de otros 500 interinos a finales de septiembre, mientras que a finales de año se producirá la salida de “las 1.500 personas que se contrataron de refuerzo” por la Covid. A esto, además, se une al envejecimiento de las plantillas y la jubilación de miles de personas en los próximos años, apuntó CSIF.

El sindicato apuntó que esta resolución también contempla que el 31 de diciembre finalice el sistema de cita previa en la administración pública y destacó que “mientras que la resolución obliga a la presencialidad de las plantillas, no garantiza este modelo en el diálogo social”.