Así lo sostiene en su informe sobre la opa lanzada por IFM que ha sido remitido este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En dicho informe, Naturgy advierte de los posibles impactos derivados de las decisiones regulatorias adoptadas o anunciadas tras el pasado Consejo de Ministros y que tienen un carácter material.

Según recuerda, el Gobierno ha calificado dichas medidas como de necesidad urgente y temporales aunque sólo ha cuantificado el impacto de la devolución de los beneficios obtenidos por tecnologías no emisoras gracias al alto precio del gas (2.600 millones de euros de reducción de ingresos a la generación eléctrica para el conjunto del sector).

Por otra parte, Naturgy señala que el real decreto ley está sujeto a una tramitación normativa que pudiera afectar a su alcance, que algunas medidas requieren de un desarrollo posterior y que su validez podría revisarse por los tribunales.

Por ello, la compañía está analizando los efectos y potenciales impactos económicos, contables y de otra índole de dichas medidas, aunque en este momento cree que es imposible cuantificarlos por las incertidumbres existentes.