El Supremo entiende que tanto el tribunal del jurado de la Audiencia de Zaragoza, en primera instancia, como el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en la segunda, no vulneraron la presunción de inocencia del acusado al señalar que dio muerte dolosamente a su víctima, mientras mantenían relaciones sexuales, atacándola por detrás con un martillo, hasta romperle la cabeza, y salpicando de sangre la estancia en la que se producían estos hechos, terminando por introducir el cadáver en una maleta, buscando seguidamente una coartada (en realidad, atribución del hecho a un tercero), que se desmoronó por las múltiples contradicciones en las que incurrió.

La Sala desestima las alegaciones del recurrente respecto a que no se habían tenido en consideración sus manifestaciones sobre que la autoría material fue obra de un tercero, y destaca, por el contrario, que la prueba fue suficiente y que el jurado rechazó con racionalidad la atribución de la responsabilidad a un tercero.

Así, recuerda que el jurado tuvo en cuenta para descartar esos argumentos del acusado el posicionamiento de los teléfonos móviles; la admisión inicial de la autoría por parte del acusado; la mecánica de los hechos, que cuadra con tal admisión de hechos; los informes técnicos de investigación de los funcionarios policiales actuantes; el cruce de datos del teléfono móvil de ese tercero, a quien se quiere involucrar en los hechos, y la creación de pistas falsas.

En la sentencia, ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, se subraya que “no sólo puede concretarse la inexistencia de una tercera persona cuando ocurren los hechos en la tarde del catorce de Diciembre de 2018 por lo previamente expuesto y que la Policía concluye de manera racional y exhaustiva, sino también por las conclusiones de la pericia forense y el informe detallado que al respecto realizan en el Plenario”.

“De manera que las pruebas practicadas”, dice la sentencia, “de indudable contenido incriminatorio, junto al intento del acusado de eludir la acción de la justicia creando la excusa de atribuir la muerte por él causada a un tercero mediante la argucia de crear pruebas y pistas falsas, así como la especial violencia de la agresión con reiteración de hasta 21 golpes con un martillo en la cabeza de quien se hallaba postrado boca abajo en una cama, justifican no solamente la condena del inculpado sino la pena impuesta en la mitad exacta del arco de la señalada para el delito cometido”.

El TS estima parcialmente el recurso del condenado únicamente en lo relativo a la medida de libertad vigilada impuesta al mismo, que fue de 10 años, y se establece en 5, ya que no puede tener una duración mayor en el caso de delito de asesinato. Como responsabilidad civil, se confirma las indemnizaciones fijadas en la sentencia recurrida, que fueron de 100.000 euros para la hija de la víctima, 50.000 euros para sus padres y 25.000 euros para sus hermanos.