“Por supuesto que hay que regularla, como hicimos con la ley de eutanasia”, declaró Montero en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia. La ministra resaltó que, “como derecho individual, la objeción de conciencia debe protegerse ” y “todos debemos entender y respetar que los profesionales sanitarios no quieran realizar ciertas prácticas”.

Sin embargo, ese derecho individual no puede impedir el ejercicio efectivo de un derecho fundamental de las mujeres” como es el acceso a la salud sexual y reproductiva, subrayó.

A su juicio, “la objeción de conciencia se debería comunicar por adelantado y por escrito y en todos los hospitales públicos se debe garantizar que hay especialistas que serán capaces de practicar una interrupción del embarazo”.

“Debe haber un registro centralizado”, indicó Montero que destacó que “si vas a los colegios de médicos los datos oficiales de objetores no son tantos como para que la objeción de conciencia se dé en departamentos enteros”.

Según Montero, “existe un estigma” sobre auellos profesionales que realizan estas prácticas, tanto en su formación como en el ejercicio profesional.

Explicó que la ley de eutanasia ya incluye este tipo de regulación de la objeción de conciencia y apostó por incluirla en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que prepara su departamento..

Montero espera tener listo un borrador de la nueva ley “en tres meses” y defendió la reforma porque “es necesario avanzar en la garantía del derecho efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y en educación sexual para los niños y adolescentes”.