Así lo manifestó este martes el presidente de la FPTM, Julio Sanz, tras conocerse los detalles de esta reforma, en la que considera que “el Gobierno ha perdido la oportunidad de definir de forma legal un tiempo mínimo de precontratación, una petición que el sector del taxi venía reclamando tanto a nivel regional como estatal, en línea con el Tribunal Supremo, que ha diferenciado estos servicios en distintas ocasiones”.

Y es que, aunque la norma endurece, entre otros aspectos, las sanciones relativas a la búsqueda de clientes que no hayan precontratado el servicio, pasando a tipificarse como sanción grave o muy grave, en línea con las reivindicaciones del sector del taxi; no define el tiempo mínimo de precontratación que demanda el colectivo.

“Desde el sector del taxi llevamos años pidiendo que se produzca un cambio en las leyes acorde a los cambios que se han dado en el sector de las VTC, que han pasado de convivir con el taxi, a saltarse la ley de forma sistemática sin cumplir cuotas ni normas relativas a su funcionamiento”, explicó el presidente de la FPTM, Julio Sanz.

En esta línea, Sanz insistió en que esta reforma no “trae nada nuevo más que el endurecimiento de unas normas que ya existían para este colectivo pero que el Ejecutivo se ha visto obligado a endurecer, ante su falta de cumplimiento de forma generalizada y sistemática. Es una buena noticia, pero han quedado frentes abiertos sin cerrar en el texto”.

Con la entrada en vigor de la reforma de la Ley, las sanciones tipificadas como graves, o muy graves, podrán incurrir en la revocación de la licencia. En concreto, la norma establece que la imposición de tres sanciones en un periodo de dos años a partir de la primera de ellas, pueda dar lugar a la retirada de la licencia.

Además, la ley también tipifica como infracción muy grave la salida de vehículos VTC de la base en la que normalmente se encuentren estacionados a la espera de contrataciones de servicio sin llevar a bordo la documentación exigible y la hoja de ruta del servicio, así como no facilitarlo a los servicios de inspección. Estas infracciones pueden conllevar multas de entre 2.001 y 6.000 euros si arrastran previamente una sanción.

Por último, entre los cambios más llamativos está la modificación de la habilitación a las comunidades autónomas competentes en la regulación de VTC, pasando a concretar la definición de precontratación que deben regular las comunidades y queda entendida como “el establecimiento de un intervalo de tiempo mínimo entre la contratación o la designación del vehículo y la prestación del servicio".

“Esta medida favorece no solo al sector del taxi, sino también a la ciudadanía que verá sus derechos más protegidos. Sin embargo, es necesario que las comunidades competentes y en nuestro caso, la Comunidad de Madrid, vigilen el cumplimiento efectivo de la ley. Ya tienen las herramientas, por lo que ahora solo falta la voluntad y el compromiso político”, concluyó Sanz.

La norma, que se encontraba en su fase final de aprobación en el Congreso, tras la única enmienda introducida por la Cámara Alta, ha sido refrendada con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, y el PDeCAT, mientras que el PP y Vox se abstuvieron.