Según explicó el ministerio, esta comunicación ha tenido lugar tras la reunión celebrada ayer con los directores generales de fondos europeos de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. La cantidad supone un incremento del 13,2% en relación con el periodo 2014-2020.

La distribución regional de estos fondos se produce tras la aprobación definitiva de los Reglamentos que regulan los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el periodo 2021-2027, en los que se recogen las condiciones para la programación y ejecución de estos fondos en esos años.

En total, España recibirá 36.245 millones de euros dentro del Marco Financiero Plurianual de ese periodo para la política de cohesión, dirigidos a garantizar la cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión Europea.

En concreto, a través del Feder se financian actuaciones dirigidas a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones de la Unión y a reducir el retraso de las zonas menos favorecidas, mediante la participación en el ajuste estructural de los territorios y la reconversión de regiones industriales en declive, incluidas, entre otras medidas, promover un desarrollo sostenible y afrontar los retos medioambientales.

El FSE+, por su parte, persigue el objetivo de apoyar a los Estados miembros y regiones para alcanzar elevados niveles de empleo, una protección social justa y una mano de obra capacitada y resiliente, preparada para el mundo del trabajo, además de unas sociedades inclusivas y cohesionadas orientadas hacia la erradicación de la pobreza y al cumplimiento de los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales.

REPARTO POR COMUNIDADES

La política de Cohesión de la Unión Europea parte de la clasificación de los Estados miembros y las regiones de la Unión en tres categorías, en función de la respectiva prosperidad relativa, a las que aplica distinta intensidad de ayuda en función del nivel de desarrollo. Así, considera regiones menos desarrolladas aquellas que cuentan con un PIB per cápita inferior al 75% del PIB medio de la UE; regiones Transición las que cuentan con un PIB entre el 75% y el 100% del PIB medio de la UE; y regiones más desarrolladas, aquellas cuyo PIB supera el 100% de la media de la UE.

Estos criterios aplicados a las regiones españolas llevan a que sean consideradas ‘Regiones menos desarrolladas’ las comunidades de Andalucía (12.710 millones), Castilla La Mancha (2.459 millones), Extremadura (2.725 millones), Ceuta (98 millones) y Melilla (108 millones); mientras que en ‘Regiones Transición’ se encuentran Asturias (584 millones), Baleares (485 millones), Canarias (2.785 millones), Cantabria (187 millones), Castilla y León (1.204 millones), Comunidad Valenciana (2.473 millones), Galicia (3.150 millones), Murcia (1.231 millones) y La Rioja (97 millones). Por último, entre las ‘Regiones más desarrolladas’, se sitúan Aragón (361 millones), Cataluña (2.052 millones), Navarra (112 millones), Madrid (1.476 millones) y País Vasco (398 millones).

Para 2021-2027 el importe total asignado por la Comisión Europea dentro del Objetivo de Crecimiento y Empleo para las regiones menos desarrolladas asciende a 18.100 millones de euros (22,3% más); para las regiones Transición, 12.195 millones de euros (8,1% más); y para las regiones más desarrolladas, 4.398 millones de euros (6,4% más). En este reparto se ha incluido el fondo especial para las regiones ultraperiféricas (RUP), que beneficia a Canarias, con 673 millones de euros adicionales.

De acuerdo con la distribución propuesta por la Comisión Europea, el 67,7% de los fondos del Objetivo de crecimiento y Empleo se asignarán a Feder y el 32,3% al FSE+. Esa distribución, en el caso del fondo RUP, es del 75,4% para FEDER y del 24,6% para FSE+. De esta forma, los importes de partida para Feder ascienden a 23.539,7 millones de euros y para el FSE+ a 11.153,4 millones de euros.

Sin embargo, se trata de una distribución en la que las comunidades y ciudades autónomas cuentan con una cierta flexibilidad, pudiendo hacer uso de lo establecido en la normativa europea que permite la transferencia de recursos entre uno y otro fondo hasta un determinado límite.

La ejecución de estos fondos en cada comunidad y ciudad Autónoma se gestionará, bien directamente por cada territorio o bien por la Administración General del Estado, a través de programas plurirregionales.

FONDO TRANSICIÓN JUSTA

Por otra parte, Hacienda informó también a las comunidades autónomas de las asignaciones del Fondo de Transición Justa (FTJ) para el próximo periodo, facilitadas por el Instituto para la Transición Justa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de un nuevo instrumento financiero en el ámbito de la política de cohesión cuyo objetivo es prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos importantes derivados del proceso de transición a la neutralidad climática.

En el caso de España se incluyen ocho provincias como punto de partida para la aplicación de este fondo: A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz, entre las que se repartirán 868,7 millones de euros.

De la aplicación de estos criterios resulta una dotación de 154 millones de euros para Andalucía, 263 millones de euros para el Principado de Asturias, 197 millones de euros para Castilla y León, 111 millones de euros para Galicia y 92 millones de euros para Aragón. Los 52 millones de euros restantes serán para la gestión directa del Instituto para la Transición Justa.