Así lo reclama en un escrito promovido por asociaciones sanitarias y de derechos civiles, según precisó en un comunicado en el que recordó que la medida, avalada por la OMS, “podría reducir hasta en un 40% el número de fumadores y evitar el consumo de menores”.

Tras puntualizar que en Australia el paquete de tabaco cuesta alrededor de 22 euros y que su precio se eleva a 19 euros en Nueva Zelanda, a 12,5 euros en Reino Unido y Noruega y a 10,5 en Francia, subrayó que todos estos países registran una tasa de adictos a la nicotina inferior a la española.

En este sentido, para la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández Megina, “el paquete a menos de cinco euros que se vende en España es un regalo a una industria que mata 60.000 personas al año para seguir enriqueciendo a una oligarquía blindada ante un delito continuado sobre la salud”. “Una subida drástica de precios reflejada en los PGE es algo urgente e inaplazable”, insistió, para, a continuación exigir al Ministerio de Sanidad “estatura política ante el desafío que tiene por delante”.

“Hasta el momento, el Gobierno de Pedro Sánchez ha rehusado emplear una de las medidas más poderosas que tiene a su alcance, la subida drástica de los precios de todos los productos de tabaco, para incentivar el abandono de la adicción”, reiteró la organización, para la que esta medida tiene también como consecuencia “prevenir la adicción en adolescentes con acceso a uno de los tabacos más baratos de Europa, gracias, entre otras cosas, al nulo control de su venta a los menores”.

Las organizaciones firmantes del escrito dirigido al Ejecutivo también se mostraron “decepcionadas” ante el “retraso” de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para materializar la “largamente anunciada” modificación legislativa de la ley del tabaco y aseveraron que el tabaco mata, por alguna de sus enfermedades relacionadas, a una de cada dos personas fumadoras. Por ello, lamentaron que el Gobierno siga “postergando” adoptar medidas “por miedo a incomodar a una industria tabaquera muy cercana a posiciones de poder”, como, a su juicio, “demuestra la baja posición de España, a la par que Malasia, en el ranking de países con interferencia del lobby tabaquero”.

HOJA DE RUTA

Más de 20 entidades españolas involucradas en el control de tabaco crearon en su momento una “hoja de ruta” para “poner los cimientos” de la primera generación libre de tabaco en 2025 siguiendo el modelo de Finlandia o Francia y provocar la “voladura controlada” de una industria que, según Nofumadores.orgn, “cuesta el 2% del PIB del país, causa 60.000 muertes cada año, provoca la invalidez de cientos de miles de enfermos de EPOC y lesiona las libertades de la inmensa mayoría para garantizar la existencia de la siguiente generación de fumadores”.

En este punto, la plataforma defendió que el aumento del precio del tabaco reclamado en los PGE 2022 es “uno de los ejes esenciales” para “salvar cientos de miles de vidas” en las próximas décadas, “librando a la sociedad de una pandemia manufacturada por una industria que durante medio siglo negó la letalidad del cigarrillo y que se ceba, cada vez más, en las minorías y capas menos privilegiadas de la sociedad”.

Nofumadores.org recalcó, asimismo, el “retraso” de España para “liberar de tabaco espacios comunes” y, como ejemplo, subrayó que los estadios de fútbol del Reino Unido están libres de humo desde el año 2006, mientras que aquí “hemos tenido que sumergirnos en una pandemia mundial para implementar una medida que aún está en el aire”.

Con respecto a las terrazas de hostelería, Fernández Megina se preguntó “cómo es posible que la industria del tabaco, a través de la patronal hostelera, siga reclamando la libertad de agredir a la salud de todos los españoles y no tenga consecuencias”.