Este es el sexto año consecutivo en el que la tramitación del proyecto de Presupuestos no comienza dentro del plazo marcado por la Constitución Española, que en su artículo 134 establece que el proyecto de cuentas públicas debe presentarse al Congreso de los Diputados “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior” -es decir, antes de finalizar septiembre-. De esta forma, las cuentas de 2016 son las últimas cuya tramitación transcurrió dentro del plazo marcado de forma oficial.

El objetivo del Gobierno siempre ha sido el de presentar los Presupuestos “en tiempo y forma”, entendiendo que la tramitación parlamentaria permita que entren en vigor el 1 de enero. Así, el retraso de dos semanas respecto al plazo marcado en la Constitución no hace peligrar dicho objetivo, teniendo en cuenta que los Presupuestos de 2021 entraron en el Congreso el 28 de octubre de 2020 y fueron tramitados a tiempo para su aprobación definitiva el 22 de diciembre -sin introducir enmiendas en el Senado- y su entrada en vigor con el nuevo año.

NEGOCIACIÓN

Precisamente este objetivo motivó que el martes, ante la falta de acuerdo final entre las dos formaciones que integran la coalición, PSOE y Unidas Podemos, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, entrase directamente en la negociación y convocara una reunión antes del Consejo de Ministros ordinario.

En la cita en el despacho de Sánchez, según fuentes del Ejecutivo, se congregaron además del presidente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra; la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Presidencia, Félix Bolaños, para cerrar el marco global de negociación de PGE -que estaba pactado casi en su totalidad- y la Ley de Vivienda -escollo que impedía a UP dar el visto bueno a las cuentas públicas-.

Nuevamente, la Ley de Vivienda fue uno de los principales focos de discrepancia como hace un año durante las conversaciones sobre los Presupuestos de 2021, cuando la formación liderada entonces por Pablo Iglesias consiguió el compromiso del PSOE para presentar un proyecto de ley en un plazo de tres meses que, finalmente, se ha incumplido.

Solventadas las diferencias sobre el papel, aunque públicamente PSOE y UP continúan lanzándose mensajes, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para su remisión la próxima semana al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno deberá reunir pronto el apoyo de la mayoría parlamentaria para salvar las enmiendas a la totalidad, primer obstáculo en la tramitación.

Aunque el detalle sobre el contenido del proyecto será presentado por la titular de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario, sí se conocen algunas de las medidas introducidas, como el establecimiento de un tipo efectivo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, de aplicación sobre la base imponible; una subida salarial del 2% para los empleados públicos; y un bono de 400 euros para jóvenes para gastarlos en cultura.

En cuanto a vivienda, aparte de la Ley que el Gobierno presentará al margen de los Presupuestos tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos, el presidente del Gobierno anunció el martes la creación a través de los Presupuestos de un bono joven de vivienda dotado de 250 euros mensuales para ayudar a afrontar el alquiler durante dos años a los ciudadanos de entre 18 y 35 años de edad e ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Asimismo, Sánchez señaló que la partida para vivienda contará con un presupuesto “inédito” de 2.250 millones de euros, un 373% más respecto a las anteriores cuentas públicas.

TECHO DE GASTO Y REGLAS FISCALES

El Presupuesto de 2022 se elaborará sobre el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado julio y que fijó en 196.142 millones de euros, tan solo un 0,023% más respecto al de 2021, al contar con 45 millones de euros más.

Asimismo, se basa en el escenario macroeconómico presentado a finales de septiembre por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, -avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)-, que mantiene las previsiones de crecimiento realizadas en abril de un 6,5% del PIB en 2021 y del 7% en 2022. Dicho escenario, además, incluye una estimación de que la inflación cierre 2021 con una media del 2,1%

Para poder hacer uso del ‘techo de gasto’ aprobado en julio, superior en más de un 53% al de 2019, el Ejecutivo contará por tercer año consecutivo con la suspensión de las reglas fiscales que la Comisión Europea mantiene con el fin de permitir a los Gobiernos de loes Estados miembro un mayor gasto público con el que hacer frente a la crisis sanitaria y económica causadas por la pandemia de Covid-19 e impulsar la recuperación.

Dicha suspensión de las reglas fiscales, que libera a los Estados miembro de la obligación de cumplir con los objetivos de déficit, fue prorrogada por el Congreso de los Diputados el pasado 13 de septiembre, manteniendo activa la cláusula de escape contemplada en el artículo 135 de la Constitución y el 11.3 de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que permiten la suspensión de las reglas fiscales en situaciones de emergencia.

De esta manera, la medida permite que, en el caso de España, se haya pasado de un déficit del 2,8% del PIB con el que se cerró 2019, antes del inicio de la pandemia, a uno cercano al 11% en 2020 y una previsión de cerrar 2021 en el 8,4%. De cara a 2022, la previsión es que el déficit público baje al 5%, del que 3,9 puntos serán para la administración central, 0,6 puntos para las comunidades autónomas y 0,5 puntos para la Seguridad Social, con equilibrio presupuestario para las corporaciones locales.