Su defensa la formuló ante las críticas del PP a la normativa en el Congreso de los Diputados, donde acudió a petición propia para exponer el informe anual 2020 de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi) después de que la propia Calviño fuese contraria a intervenir los precios del alquiler o supeditar la aprobación de los Presupuestos a la aprobación de la citada ley.

Durante la negociación del texto, la vicepresidenta económica había alertado de forma específica sobre la necesidad de que el texto que se acordase protegiese tanto al inquilino como a los ciudadanos que tienen las rentas del inmueble para sus ingresos.

Con el texto ya pactado, aseguró que se protege también el parque público de vivienda “para evitar que se pueda volver a desmantelar, como ha ocurrido en las décadas anteriores”.

Calviño enmarcó su adopción ante la decisión del Gobierno de dar respuesta a las preocupaciones “principales” de los ciudadanos españoles y, muy particularmente los más jóvenes, para los que resulta “fundamental” la educación, el trabajo, la vivienda, el medio ambiente y la familia. “Hemos estado trabajando y ha habido una negociación muy intensa, precisamente, para lograr tener un texto equilibrado”, expuso.

No obstante, precisó que la futura ley de la Vivienda es “una pieza” de la política de vivienda del Gobierno, “pero naturalmente no sirve para resolver todos los problemas que hemos ido acumulando durante décadas”, razón por la que se han ido desplegando otras iniciativas.

Entre otras, citó las aprobadas para la rehabilitación de vivienda, aumentar el parque público de vivienda y el apoyo a los jóvenes, que son los que tienen “una mayor dificultad de poder desarrollar plenamente sus vidas”.