Así lo confirman fuentes del ministerio al ser preguntadas por la información publicada en ‘Cinco Días’ sobre la posibilidad de que Transición Ecológica se plantee revisar la normativa que afecta a los beneficios extraordinarios obtenidos por las plantas hidráulicas, nucleares y eólicas por el alto precio del gas natural.

Estos encuentros con las grandes eléctricas llegan antes de que el Gobierno someta a la convalidación del Congreso de los diputados el real decreto ley que contiene las medidas del plan de choque, algo que está previsto para la próxima semana.

Desde el ministerio se confirman estas reuniones, aunque se enmarcan en la ronda de contactos iniciada también esta semana con la industria y organizaciones de consumidores “para superar una coyuntura extraordinaria”.

De hecho, con el precio de generación en los 288 euros por megavatio hora (MWh) marcado este jueves, el plan de choque aprobado por el Ejecutivo hace unas semanas ya no sería suficiente para lograr su objetivo de que el recibo cierre 2021 en los niveles de 2018.

Paralelamente, el departamento dirigido por Teresa Ribera trabaja por una solución en Europa “porque siempre hemos dicho que preferimos una solución de ámbito europeo y esperamos al paquete que la Comisión ha anunciado que presentará la semana que viene"”, indican fuentes ministeriales.

En este sentido, una de las propuestas que España incluye a nivel europeo es la creación de una plataforma centralizada para la compra de gas natural, que facilite la creación de reservas estratégicas de gas que permitan mitigar la exposición a las fluctuaciones del mercado.

Además, España propone a la Comisión el diseño de un conjunto flexible de directrices con las que ofrecer diferentes opciones políticas a los Estados miembros para amortiguar el efecto de las subidas repentinas de los precios de la energía; reformar el mercado mayorista de la electricidad para que los combustibles fósiles no sean los que marquen el precio y poder trasladar a los consumidores los beneficios de las tecnologías renovables más baratas, y adoptar medidas para evitar la especulación financiera en el mercado europeo de derechos de emisión.

A este respecto España ha aportado varias soluciones como restringir la participación de entidades cuyas emisiones no están reguladas o limitar el período de validez de los derechos de emisión- para reducir dicha volatilidad y rebajar el precio de la tonelada de CO2, de modo que vuelva a ser una herramienta útil que canalice las inversiones necesarias para culminar el proceso de transición energética.