Villarejo cumplirá el próximo mes de noviembre cuatro años en prisión preventiva y es la pieza clave de un supuesto entramado corrupto en el que empresarios y políticos contrataron sus servicios para espiar a competidores, extorsionar a personas molestas o fabricar pruebas falsas. Más de un centenar de personas figuran como investigadas en esta macrocausa, que cuenta con más de una treintena de piezas separadas.

En este primer juicio, se someterá al escrutinio del tribunal la actuación de Villarejo y los empresarios que le contrataron en tres casos que se investigaron de manera independiente, pero que se juzgarán de manera conjunta en esta vista oral. La sentencia que se dicte en este primer juicio marcará el futuro de toda la causa.

Villarejo es el principal acusado en esta vista. La Fiscalía pide para él casi 110 años de prisión. Junto a él serán juzgados su socio, Rafael Redondo, y su mujer, Gema Alcalá, para los que el ministerio público pide 115 y 86 años de cárcel, respectivamente. Varios de los empresarios que contrataron sus servicios han llegado a acuerdos con la Fiscalía Anticorrupción, que deberán ratificar al inicio del juicio para que tengan validez.

También se sentarán en el banquillo su hijo José Villarejo, el comisario Enrique García Castaño, los inspectores Antonio Bonilla y Constancio Riaño y los empresarios que le hicieron encargos en las tres piezas que se juzgan.

El juicio dará comienzo este miércoles a las 10.00 de la mañana con las cuestiones previas y tiene fijadas sesiones hasta finales de enero de 2022. El tribunal que lo juzgará está compuesto por los magistrados Ángela Murillo, Carmen-Paloma González y Fermín Echarri.

El comisario Villarejo, de 70 años de edad, creó una organización que durante años prestó sus servicios a empresas, banqueros y políticos. El fiscal le atribuye delitos de cohecho activo y pasivo, descubrimiento de secretos, falsedad documental, tráfico de influencias, extorsión y revelación de secretos relacionados con la vida sexual de una de sus víctimas, entre otros. Fue detenido en noviembre de 2017.

Su defensa sostiene que prestó sus servicios al Estado como agente encubierto y que gobiernos de distinto signo le permitieron hacer negocios aprovechándose de su influencia como policía, e incluso argumenta que esos gobiernos se sirvieron de él para defender sus intereses.

En la pieza ‘Iron’, la Fiscalía pide la pena más alta a Villarejo, 57 años de cárcel. En ella se juzga la contratación de la empresa Cenyt, propiedad del comisario, por el despacho de abogados Herrero y Asociados en 2013. El encargo se realizó, presuntamente, para espiar a uno de los socios (Balder IP Law), que abandonó el bufete, y a varios extrabajadores para encontrar datos “sensibles” que pudieran servir para respaldar más tarde una denuncia que dañara su reputación y le anulara como competidor.

Según el fiscal, Herrero y Asociados pagó “de forma opaca” 302.500 euros a la empresa de Villarejo a lo largo de 2013, en lo que podría constituir delitos de cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil, a los que habría que sumar el agravante de prevalimiento por su condición de servidor público.

En la pieza ‘Land’, se investiga a Susana García-Cereceda, hija del fallecido promotor inmobiliario Luis García-Cereceda, que levantó la urbanización de lujo La Finca en Pozuelo de Alarcón (Madrid). El ministerio público considera que ella, junto a Francisco Peñalver y David Fernández, contrataron a Villarejo para espiar al resto de herederos de la fortuna familiar para conseguir información privada que pudiera servir para presionarles en las previsibles batallas para el reparto del patrimonio. El comisario iba a recibir por el trabajo 275.000 euros, más otros 150.000 en caso de que hubiera resultados.

En la pieza ‘Pintor’ se juzgará el encargo que habrían hecho los empresarios Fernando y Juan Muñoz, este último esposo de la presentadora Ana Rosa Quinta, al comisario en 2017 para extorsionar al empresario Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el exjuez Francisco Javier Urquía, con el objetivo de poder cobrarle la deuda de 1,5 millones de euros que Hacienda les reclamaba de forma solidaria. Anticorrupción pide para Villarejo casi 14 años de cárcel por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración.