La formación de Inés Arrimadas recuerda que estas tres personas cuentan con “problemas” con la justicia. En concreto, Serra tiene una condena en firme del Tribunal Supremo y Sánchez y Meyer están siendo investigados por delitos de malversación y prevaricación. “Unas circunstancias inaceptables desde el punto de vista de la ejemplaridad pública”, destaca.

A pesar de que la legislación no establece que sea necesario cumplir requisito alguno para ser nombrado para los puestos que van a ocupar, Ciudadanos cree “necesario” que cualquier persona que cobra su salario de las administraciones públicas tenga las aptitudes necesarias para ejercer un cargo de responsabilidad dentro del Estado.

Al respecto, señala que el Gobierno debería “ser ejemplar” en este sentido, en lugar de “normalizar” este tipo de nombramientos que “dejan en mal lugar la meritocracia”, “perjudican” a personas con alta preparación y trayectoria laboral, y “deterioran” el prestigio de las instituciones públicas.

En relación con la incorporación de Serra, Ciudadanos no comprende que Montero fiche para su departamento, que “debe velar por la igualdad entre hombres y mujeres”, a una persona que ha sido condenada por un delito de “atentado contra la autoridad”, precisamente, por “atacar e increpar” a otra mujer, policía, “profiriéndole unos insultos del todo inadmisibles y denigrantes para cualquier mujer”.

Según Ciudadanos, con este hecho resulta “evidente” que la preocupación del Ministerio de Igualdad por los derechos de la mujer es “cuanto menos sesgada”. A su juicio, con estos nombramientos Montero envía un mensaje “lamentable” a la ciudadanía al “recompensar” política y económicamente a una persona “reprobada por la justicia”.

Por ello, Ciudadanos presentó este miércoles en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas por escrito para que Montero explique el fichaje de Serra como “cargo de confianza” en el Ministerio de Igualdad, para saber si el Gobierno considera “ejemplar” la “designación directa” de tres personas condenadas en firme o investigadas por la justicia.

Asimismo, quiere saber si el Ejecutivo cree que no hay personas en España con “mayor y mejor” cualificación y sin problemas con la justicia para desempeñar esos puestos y si cree que es “admisible” que, mientras España lidera el desempleo juvenil en la Unión Europea, se lance este mensaje con estos nombramientos de personas afines.