El Tribunal ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno así como al Parlamento y Gobierno balear, para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.

Los demandantes argumentan, entre otras causas, que la norma recurrida podría vulnerar el contenido esencial de los derechos fundamentales y los límites materiales previstos para el decreto-ley (artículos 53.1 y 86.1 en relación con los artículos 15, 17.1, 18.1, 19 y 21 de la Constitución).

Vox recurrió el pasado mes de agosto la Ley de Salud Pública de las Islas Baleares que “impone la vacunación obligatoria o el confinamiento forzoso”, según el punto de vista de la formación que dirige Santiago Abascal.

El recurso argumentaba que “la reproducción de normas estatales por leyes autonómicas es también una técnica legislativa generadora de inseguridad jurídica y confusión normativa”. La modificación legislativa fue impulsada por el Ejecutivo balear que preside la socialista Francina Armengol con el apoyo de Unidas-Podemos y Més per Mallorca.