El Plan Nacional sobre Drogas cuenta también con dotaciones para 2022 procedentes, asimismo, del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por importe de cuatro millones de euros, la misma aportación que en 2021, para el desarrollo de programas supracomunitarios sobre adicciones desarrollados por ONG de ámbito estatal y para proyectos de investigación a desarrollar por entidades públicas y privadas.

Además, dispone del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado en la Ley 17/2003, de 29 de mayo, que se nutre con los ingresos provenientes de los bienes decomisados por el tráfico de drogas y otros delitos relacionados, lo que le permite contar con recursos económicos adicionales.

En el apartado del ‘libro amarillo’ dedicado a ‘Atención a la drogadicción y otras adicciones’, el Gobierno recuerda que el Plan Nacional sobre Drogas desarrolla una acción “coordinadora”, con la participación de las administraciones públicas, de las instituciones sociales y de la ciudadanía en general, para abordar los problemas derivados del tráfico y consumo de drogas, así como de otras adicciones con el objetivo de “reducir su incidencia”.

Desde la creación del Plan Nacional sobre Drogas en 1985, en España se han elaborado estrategias para establecer el marco de actuación de las políticas de drogas y drogodependencias en el país, así como las líneas generales de ejecución de las mismas.

La Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 se configura, según el Ejecutivo, como un documento “participativo y de consenso”, acordado entre todas las administraciones públicas, las organizaciones no gubernamentales del sector, las sociedades científicas, los centros de investigación y todas las instancias públicas y privadas que forman parte del Plan Nacional sobre Drogas.