Por lo que respecta al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, sus recursos pasan de un total de 8.906 millones este año a 9.362 en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año que viene.

En este sentido, en el llamado 'libro amarillo' de las cuentas del año que viene se explica que la política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias se ha dotado en los PGE para 2022 con créditos por importe de 10.149 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,7%, en términos absolutos de 454 millones de euros.

Las líneas principales de esta política se agrupan principalmente en tres grandes áreas de actuación: seguridad ciudadana, administración penitenciaria y seguridad vial.

CASI 82% PARA PERSONAL

Las dotaciones destinadas a las actuaciones que garanticen la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ascienden a 7.442 millones de euros, lo que supone un 73,3% de la política de Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias y un incremento del 5,2% respecto al ejercicio anterior.

El componente principal de esta dotación lo constituyen los gastos de personal, que ascienden a 6.098 millones de euros, representando el 81,9% del total. Con esta asignación, el Gobierno señala que se garantiza “la seguridad ciudadana a la sociedad a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en sus dos vertientes: preventiva y de investigación y de lucha contra la criminalidad”.

Respecto al terrorismo, el Ejecutivo explica que “se profundiza en el desarrollo de una estrategia integral, tanto a nivel nacional como internacional, potenciando las capacidades y los medios humanos, materiales y tecnológicos de las unidades responsables de hacer frente a estas amenazas, de cara a incrementar la eficacia en la lucha integral contra el terrorismo y actividades conexas”. En este ámbito, para el abono de las indemnizaciones para la protección de las víctimas de actos terroristas se han dotado 14 millones de euros, susceptibles de ampliación.