El decreto, que defendió la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, recibió el respaldo de los socios de Gobierno y de las formaciones de izquierda, la abstención de PNV y Junts, y el voto en contra del PP, Ciudadanos, Vox, UPN y Foro Asturias.
El texto no se tramitará como proyecto de ley. Ribera ha dicho que “no tiene sentido” hacerlo así porque se trata de medidas coyunturales que van a tener un aplicación inmediata.
La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico dijo que el Ejecutivo espera completar “en las próximas semanas” este plan de choque “con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria, reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social”.
Ante la polémica que ha generado la principal medida del decreto, el tijeretazo a las eléctricas, Ribera dijo que quería “dejar bien claro” que “es una minoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios (por el alza del precio del gas), no a quienes no lo hayan hecho y hayan garantizado precios estables antes de la escalada”.
Tampoco será aplicable ese recorte, puntualizó también la vicepresidenta, “para quienes garanticen ‘ex novo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas, al contrario, necesitamos impulsar cobertura de precios razonables para nuestra industria. Por ello estamos trabajando para asegurar su correcta aplicación y desarrollo”.

En su intervención, la vicepresidenta mostró el “agradecimiento” del Gobierno a la batería de propuestas planteadas por la Comisión Europea para contener la inflación energética, pero reiteró la posición del Ejecutivo español de que hay que tomar medidas de forma conjunta en la UE, como la compra centralizada de gas natural o la creación de reservas europeas de gas.
GALÁN “RABIOSO"

Por Unidas Podemos, Pablo Echenique celebró la convalidación de este real decreto que adjetivó como “histórico”, “posiblemente uno de los primeros de la democracia, sin duda el más valiente, que no lleva el logotipo del oligopolio eléctrico, basta con ver las declaraciones rabiosas (contra el decreto) del señor (Ignacio) Sánchez Galán (presidente de Iberdrola)”.
El portavoz de Unidas Podemos se felicitó de que el redactado final del decreto sea un compendio de “medidas muy parecidas a las que proponía” su grupo “y que nos decían que contravenían” la legislación Europa.
Echenique elogió la “reducción drástica” de los denominados “beneficios caídas del cielo” que obtienen las eléctricas por la subida del precio del gas, y le rogó a Teresa Ribera que “no ceda a las presiones y chantajes de los oligopolios” para dar marcha atrás en esa rebaja de los ingresos extras.
“Vicepresidenta, no sé de qué habló ayer con Galán, supongo que no será fácil hablar con un tipo que contrata a Villarejo para sus asuntos turbios y que gana un millón de euros al mes”.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Los grupos que votaron por la derogación del decreto coincidieron en denunciar su “inseguridad jurídica”, así como su “ineficacia”, toda vez que desde su aprobación por Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, el precio del ‘pool’ eléctrico ha seguido disparado al alza.
En representación del PP, Guillermo Mariscal, dijo que es un decreto “arbitrario” que penaliza a todos los sectores de producción energética, a los consumidores y a la industria.
Desde las filas de Vox, José María Figaredo, habló de un decreto que “vulnera la seguridad jurídica” y que incurre en “un sadismo fiscal superlativo” contra las eléctricas. Por Ciudadanos, Carmen Martínez Granados justificó el ‘no’ de su grupo a la convalidación porque “es un fracaso desde el inicio”, representa “una intervención injustificada y arbitraria del mercado” y “un mazazo a las renovables”.
El PNV no consumó finalmente su amenaza de los últimos días de votar en contra de la convalidación, y se decantó por la abstención, una vez lograda una “aclaración” por parte del Gobierno del impacto en el recorte a las eléctricas, dijo la diputada Idoia Sagastizábal.
Aseguró que el PNV se abstiene porque aun reconociendo que el decreto contiene medidas positivas para los consumidores y las relacionadas con la subasta en la contratación, puede quedarse “en pan para hoy y hambre para mañana” y tener una repercusión negativa en la industria.
Joan Capdevila, de ERC, dijo que a su grupo le preocupa la inseguridad jurídica que provoca el decreto en las renovables.