Según informó Cultura, la inversión total prevista para la dinamización de la cultura a lo largo del territorio a través de la modernización y gestión sostenible de este tipo de infraestructuras asciende a 38 millones de euros -procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- y comprende los dos ejercicios de 2021 y 2022.

Estos recursos se transfieren a las comunidades para que convoquen ayudas en régimen de concurrencia competitiva con el objetivo de que éstas se dediquen a “la financiación de proyectos de inversión para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales”.

De este modo, estas subvenciones deberán circunscribirse a teatros, auditorios, carpas de circo, salas de música en directo, salas de ensayo, espacios escénicos y musicales de compañías de teatro, danza, música y circo y otras multidisciplinares.

Las ayudas tendrán que cubrir la propuesta de inversión dedicada a la modernización digital, transición verde y transformación de los espacios escénicos y musicales, fomentando una gestión inteligente y sostenible.

Entre las acciones elegibles en las convocatorias para la obtención de ayudas figurarán, como mínimo, la modernización de sistemas digitales de audio y comunicaciones en red; iluminación digital; vídeo digital; gestión digital de maquinaria escénica; y la modernización de las herramientas y sistemas digitales de gestión artística y de producción de espectáculos en los recintos escénicos y musicales.

En el caso concreto de de Ceuta y Melilla, dada la imposibilidad de concurrencia, se realizará la transferencia directa de recursos para que se licite la inversión en la infraestructura escénica existente.

Esta transferencia de recursos contempla la modernización de un mínimo de 100 infraestructuras en todo el territorio del Estado, con una ayuda media de 190.000 euros, pudiendo ser las ayudas otorgadas de mayor o menor cuantía.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las entidades públicas y privadas, asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones de carácter privado o público dependientes de entidades locales, autonómicas o estatales.

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios las propias entidades autonómicas convocantes, pero sí las fundaciones u organismos públicos dependientes de las mismas con personalidad jurídica propia.