Fuentes socialistas consultadas por Servimedia no quisieron avanzar la posición que adoptarán la presidenta, el vicepresidente primero y la secretaria segunda de la Cámara (Meritxell Batet, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y Sofía Hernanz), pero sea cual sea será definitoria, porque los representantes del PP y Vox en la Mesa (Ana Pastor, Adolfo Suárez Illana e Ignacio Gil Lázaro), van a votar en favor de retirar el acta al condenado y los tres de Unidas Podemos (Gloria Elizo, Gerardo Pisarello y Javier Sánchez Serna) van a hacerlo en contra.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió este jueves a la propia Batet y a la Junta Electoral Central la sentencia de su Sala II, presidida por Manuel Marchena, del pasado día 6, que condenó a Alberto Rodríguez a 45 días de prisión por un delito de atentado a la autoridad al considerar que dio una patada a un policía durante una protesta contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce) en Tenerife en el año 2014. El viernes rehusó rectificar la sentencia a una petición de aclaraciones que trasladó la defensa pero el tribunal consideró improcedente.

Dicha sentencia aplicó al diputado de Unidas Podemos la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso, con lo que la pena de cárcel se ha sustituido por una multa de 540 euros, pero con la accesoria de inhabilitación para ser elegido cargo público durante el tiempo de condena. Es por esta inhabilitación por la que el Supremo estaba obligado a notificar la resolución a la Junta Electoral Central y al Congreso, “a los efectos” de que Rodríguez abandone su escaño.

La condena le inhabilita sólo por el tiempo de la condena, pero al ser ya diputado se aplicará la inelegibilidad sobrevenida que introdujo la reforma enero de 2011 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación”.

COMO TORRA

Es la misma modificación por la que se inhabilitó al expresidente de la Generalitat de Cataluña Quim Torra por haber colgado lazos amarillos en edificios oficiales en campaña electoral, y por ella entienden fuentes jurídicas que Rodríguez no podrá volver a sentarse en el Congreso de los Diputados hasta que no haya nuevos comicios.

Sin embargo, el mismo jueves, el propio condenado envió un escrito a la Mesa del Congreso informando de que el pasado día 13 de octubre procedió al pago de la multa en que había quedado la sentencia del Tribunal Supremo, por lo que en Unidas Podemos entienden que ya cumplido la condena. Todo ello aparte de que Rodríguez anunció el mismo día 6 que recurriría la sentencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y desde el grupo parlamentario apuntaron a Servimedia que también se impugnará ante el Tribunal Constitucional.

Para Unidas Podemos, como vienen reiterando sus distintos portavoces, “se trata de una sentencia injusta y vergonzante para nuestro país, pues se basa en acusaciones falsas y no tiene ni una sola prueba contra Rodríguez; al contrario, todas a su favor”, por lo que en su opinión “el objetivo es criminalizar su labor política, el activismo social y atacar el derecho de manifestación”.

La duda es qué opinará el Grupo Socialista, que suele guiarse en la Mesa del Congreso por los informes que aporten los servicios jurídicos del Congreso pero que, en alguna ocasión en que éstos no veían obstáculos para constituir una comisión de investigación sobre las actividades del rey Juan Carlos, sus miembros en la misma votaron en contra también.

En su caso, el Grupo Parlamentario Popular ya hizo llegar a finales de esta semana un escrito a la Mesa de la Cámara Baja para que “se adopten las medidas necesarias para hacer efectiva la ejecución de la sentencia firme dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo”. Desde el partido que lidera Pablo Casado se pide, por tanto, “la retirada de la condición de diputado de Alberto Rodríguez”.

Desde el entorno de los miembros socialistas de la Mesa, incluida su presidenta, Meritxell Batet, insisten en que las resoluciones judiciales deben ser acatadas, y a ello apelan para dejar caer cuál será su voto, aunque sin especificarlo, de cara a esa reunión.