Greenpeace apuntó que en esta "gigantesca" instalación, dividida en 10 núcleos con varias naves, es la macrogranja de porcino con mayores emisiones de metano y amoniaco del país y allí pueden llegar a producirse cada año unos 651.000 lechones.

La visita a "este megacomplejo del carnicero de El Pozo", como lo define Greenpeace, se produjo dentro de la campaña de esta organización ambiental para denunciar el elevado impacto ambiental y social de la ganadería industrial, un modelo que, según la ONG, contribuye a la crisis climática actual, la pérdida de biodiversidad y el "desmesurado" consumo y contaminación del agua por su "avance descontrolado". No en vano, España ya es el primer productor de porcino de la UE, pues el año pasado se sacrificaron más de 56 millones de cerdos.

La instalación a la que pudo acceder Greenpeace (con equipos EPIs y exhaustivas medidas de bioseguridad) es una gran nave dedicada a la “producción y cría” de lechones. En su interior se documentaron escenas de madres recién paridas, o incluso pariendo en ese momento, sin ningún tipo de asistencia y con numerosos lechones muertos en minúsculas jaulas llenas de heces, además de roedores por doquier y mucha suciedad.

“Todo esto contrasta con la imagen que ofrece la empresa en sus comunicaciones en las que los animales viven en un ambiente totalmente diferente”, apuntó Greenpeace.

MÁS OPOSICIÓN

Según esta organización, “cada vez es mayor la oposición que este tipo de instalaciones despierta entre las personas que viven en sus inmediaciones por los malos olores que generan, a los que se suman la contaminación constante de sus acuíferos por las filtraciones de purines y el escaso impacto positivo que generan en forma de fijación de población o creación de empleo”.

“Lo que Greenpeace ha encontrado en la macrogranja del poderoso Grupo Fuertes, el principal productor cárnico de España, conocido por su famosa marca El Pozo, es vergonzoso. Sí esto ocurre aquí, no queremos ni imaginar cómo pueden estar muchas otras instalaciones de este tipo en el resto de España”, indicó Luís Ferreirim, responsable de agricultura de Greenpeace.

Ferreirim consideró “intolerable que se siga promoviendo este modelo en España”, por lo que exigió a la Junta de Andalucía realice “una inspección inmediata y completa” de las instalaciones de Cefusa en Castilléjar, y ponga en marcha una moratoria a la ganadería industria. “Ni nuevos proyectos ni ampliación de los existentes”, añadió.

Greenpeace exigió al sector cárnico una “mayor transparencia e información” para no ocultar a las personas que consumen sus productos “la realidad que hay detrás de ellos, ni vender imágenes que no corresponden con su realidad productiva”.

Para la organización ecologista, “no sirve de justificación que algunos de los estándares que se aplican en las macrogranjas, como el tamaño de las jaulas, sea algo aceptado por las normativas, sino que pide que se abandone por completo este modelo industrial”.

“Es necesario poner fin al sinsentido de las macrogranjas. El Gobierno, y muy en particular el ministro Planas, debe tomar cartas en el asunto y poner en marcha medidas que impidan que las macrogranjas sigan instalándose en España de forma desmesurada y descontrolada y envenenando el aire que respiramos y el agua que bebemos”, concluyó Ferreirim.