Reunida en sesión extraordinaria, la Comisión Permanente del CGPJ respondía así a las declaraciones de Belarra en Twitter. Al conocer la retirada del acta, la ministra tuiteó: “Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”.

Considera que estas declaraciones “merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación, llega a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los limites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable”.

En su condición de garante de la independencia judicial, argumenta que el CGPJ “no puede por menos que expresar su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación, a lo que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido”.

Cree necesario recordar que, “como es público, notorio y reconocido, el Tribunal Supremo y el resto de los juzgados y tribunales españoles, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

“Resulta imprescindible asimismo reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”, prosigue.

A partir de todo ello, el CGPJ “vuelve a hacer un llamamiento, especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial”.

Este pronunciamiento fue aprobado por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, así como por José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya, mientras que los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda votaron en contra.