"Sería muy deseable que una materia de este tipo no fuera un decreto ley, sino que fuera una ley. Otra cosa es que los servicios mínimos, evidentemente, se fijan por decreto", añadió.

Esa ley puede, o bien modificar parte del decreto ley o bien hacer una ley enteramente nueva, señaló el experto. "La experiencia nos ha demostrado que la previsión del decreto ley sobre los servicios esenciales, concretamente el artículo 10, es muy deficiente", afirmó Sagardoy.

Esta grave insuficiencia se ebe a que "no hay una garantía de cuáles van a ser los servicios necesarios para que funcionen las empresas que prestan servicios públicos y, como siempre se fijan en caliente, se hace que haya siempre una problemática grave y un gran distanciamiento entre una parte y otra".

Con lo cual, Sagardoy propone seguir el ejemplo de la ley italiana, que por un lado enumera los servicios esenciales para la comunidad y por otro fija "unos criterios muy objetivos de fijación de servicios mínimos", para no estar iscutiéndolos cada vez que hay una huelga y para que se cumplan.