Así lo aseguró durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, donde acudió para explicar el presupuesto de su Secretaría General. Sobre éste, aseguró que el Gobierno espera dedicar un 8,73% más en 2022 de presupuesto que en 2021, pues pasaría de 250 a 272 millones. En este punto, llamó a los parlamentarios a no confundir la financiación del Ministerio con la del conjunto del sistema universitario, sobre el que recalcó que el Gobierno central no tiene competencias.

“Cuando esté la Losu llevará una memoria económica”, indicó, en referencia a que se utilizará un artículo que es “prácticamente un remiendo de la Lomloe”: un pacto entre el Estado y las autonomías para establecer “una senda” para alcanzar el 5% del PIB. “Nosotros no queremos ponernos un límite”, zanjó.

Pingarrón reconoció como “evidente” que “hay que recuperar la inversión pública en la Educación Superior que una década después es menor que en 2009, y para esto el papel de las comunidades autónomas es fundamental”. De hecho, recordó que en 2009 el gasto público en Educación Superior fueron 10.500 millones y que en 2019 se redujo a los 9.800 millones de euros.

“Las transferencias a las comunidades autónomas han aumentado un 11% en el último año”, subrayó, y reclamó a los gobiernos regionales destinar “un porcentaje” de esos fondos a las políticas universitarias. “No podemos saltarnos la competencia y decirle a Cataluña cuánto tiene que invertir en sus universidades”, matizó.

El secretario general de universidades aprovechó su paso por el Parlamento para presumir de que el sistema público universitario español tiene presencia entre las mil mejores universidades del mundo, “que es menos del 10% del total de universidades que hay en el mundo, casi unas 13.000”, y que si se considera el sistema “en global” superaría al de Estados Unidos, por lo que pidió poner esta comparación “en perspectiva”.

“No hemos aumentado el gasto público en los últimos años”, indicó, y apuntó al “entramado competencial” y a la financiación “exclusiva” de las comunidades autónomas como responsables de la situación.