En un comunicado, Famma destacó también el perjuicio económico que ello supone para las entidades prestadoras del servicio, que tienen que cubrir los gastos de los okupas que han asaltado las viviendas.

Señaló que en los últimos días se han detectado tres viviendas que han sido ocupadas, lo que ha imposibilitado desarrollar los programas de inclusión social para personas con discapacidad que en ellas se solían llevar a cabo.

La federación indica que la resolución de un auxilio judicial puede tardar entre seis meses y un año, "tiempo más que suficiente para arruinar la actividad de la organización que gestiona las viviendas".

Según su presidente, Javier Font, las administraciones competentes deben "tomar cartas en el asunto e impulsar los cambios normativos necesarios", pues la policía, que actúa con rapidez, se ve "atada para actuar".