Según explicó Famma Cocemfe Madrid, esa situación está llevando a cabo un gran perjuicio para la integración de este colectivo y el deterioro a los fondos económicos que las entidades tienen que seguir destinando a cubrir los gastos de los ‘okupas’ que han asaltado las viviendas.

En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, “queremos agradecer la labor de la Policía Nacional, su rapidez y agilidad en la atención a nuestra demanda, pero se encuentran atados en muchas ocasiones para actuar porque la ley hace posible estas situaciones. Pedimos a la administración competente que se tome en serio de una vez por todas recurriendo con la ocupación y busque soluciones urgentes con los cambios normativos necesarios que eviten situaciones como las denunciadas".

En los últimos días han sido detectadas tres viviendas que han sido ocupadas, lo que ha imposibilitado desarrollar los programas de inclusión social para personas con discapacidad, lo que les está perjudicando desarrollo de las distintas aleaciones que estas personas perciben.

La Federación indica que la resolución de un auxilio judicial puede tardar entre seis meses y un año, tiempo más que suficiente para arruinar la actividad de la organización en viviendas donde se desarrollen programas de atención a personas con discapacidad y éstas hayan sido ocupadas.