A su juicio, "la primera licencia voluntaria para el consorcio de patentes en la pandemia no va lo suficientemente lejos, excluye a países fabricantes clave y contiene una cláusula perjudicial que prolonga el statu quo”.

MSF admitió que se trata de "la primera licencia voluntaria totalmente transparente que cubre una herramienta médica para el Covid-19 sin pagar derechos”.

Sin embargo, se mostró “decepcionada por las limitaciones de esta licencia”, ya que su aplicación excluye a casi la mitad de la población mundial y contiene una disposición perjudicial que “socava el derecho de las empresas de genéricos que la firman a impugnar las patentes para facilitar la producción de medicamentos genéricos”.

Según MSF, “esta cláusula resulta especialmente atroz”, ya que el desarrollo del molnupiravir por parte de la Universidad de Emory fue financiado en gran medida por el Gobierno estadounidense, y pese a ello, los derechos del medicamento fueron a parar a las empresas farmacéuticas Merck y Ridgeback.

Desde el inicio de la pandemia, “hemos manifestado que no podemos confiar en las limitadas medidas voluntarias de la industria farmacéutica, y el molnupiravir es un ejemplo de ello”, afirmó la ONG. En su opinión, “Esta nueva licencia voluntaria sigue la estela de actuar como siempre -‘business as usual’- de las farmacéuticas.

Por ello, pidió a Merck conceder una licencia mundial para el molnupiravir sin restricciones territoriales, e instó a la Universidad de Emory a retirar sus reivindicaciones de patente a nivel mundial. Además, “el MPP y todas las partes implicadas en esta negociación de licencia, en particular la Universidad de Emory, deben eliminar la cláusula nociva que socava los derechos legales de impugnación de patentes para aumentar el acceso del medicamento", reclamó.