Los populares señalan en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Servimedia, que la situación es “alarmante” porque el INE tiene contabilizados este año 584.700 personas empleadas en la rama de actividad de hogares como empleadores, pero los últimos datos de afiliación solo tienen constancia de 380.102 personas de alta en el Sistema Especial de Seguridad Social de empleadas del hogar.

“Esto significa que al menos uno de cada tres contratos está al margen de la legalidad”, añade el PP, que dice que el problema se agrava porque de estas trabajadoras dadas de alta existe un porcentaje que lo está pero por menos horas de las que realmente trabaja.

La proposición recuerda que el pasado febrero la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició una campaña de regularización de las personas trabajadoras del hogar y remitió 45.000 cartas a personas que emplean a trabajadores en sus hogares, informándoles sobre la necesidad de regularizar su situación antes de finalizar el mes de marzo y de ajustar sus obligaciones conforme al salario mínimo vigente y las cotizaciones.

“El Ministerio, lejos de facilitar el trámite para la regularización, implementó un mecanismo arduo y complejo en la web de la Tesorería de la Seguridad Social haciendo a los hogares más difícil el cumplimiento del requerimiento y derivando en un nuevo colapso de esta web. Además, esta campaña ha puesto en evidencia cómo la subida del salario mínimo ha hecho que muchas familias no puedan afrontar el coste de contratar a una empleada doméstica a jornada completa, puesto que el 15% de los contratos revisados ha recortado las horas de trabajo a su empleada”, argumenta el PP.

Según datos del Ministerio, la Inspección de Trabajo ha regularizado la situación laboral de 28.904 empleadas del hogar, que han dado como resultado un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios y de 5,5 millones de euros al mes en bases de cotización impagadas.

“Es un hecho indiscutible que el alza del salario mínimo ha afectado negativamente al trabajo doméstico: desde diciembre de 2018 se han destruido más de 30.500 empleos. Muchas familias se han visto en la obligación de despedir a sus trabajadoras o se han visto obligadas a reducirles las horas contratadas”, agrega la iniciativa.

El PP propone que quien contrate a un trabajador o trabajadora doméstica dándole de alta en el Sistema Especial para Empleados de Hogar pueda desgravarse en el IRPF las cotizaciones sociales (tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales) que le corresponda asumir por esta contratación, reduciéndose el importe de esas aportaciones de la base imponible general del impuesto.

También plantea que la cuantía máxima con derecho a desgravación en cada ejercicio sea el equivalente al importe de las cotizaciones sociales anuales (tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales) a cargo del empleador por la contratación de un único empleado doméstico cuya retribución sea el salario mínimo interprofesional (actualmente 13.510 euros/año). Estas cantidades se actualizarían de conformidad con la subida del salario mínimo interprofesional establecido para cada periodo.