Estas peticiones constan en un documento elaborado por este grupo, en el que participa el Defensor del Pueblo de España junto a otras instituciones nacionales para la protección y promoción de los derechos humanos.

El citado documento fija una posición común sobre las personas que no tienen residencia regular en territorio de la UE, pero que no pueden ser expulsadas por razones legales o prácticas y que, por lo tanto, se encuentran en una situación de prolongado limbo legal, sin un acceso adecuado a la protección de sus derechos humanos.

Según el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la imposibilidad de la expulsión no debe ser tratada tan solo como un fenómeno temporal. De hecho, la experiencia muestra que las personas pueden permanecer en situación de no expulsables durante un periodo de tiempo muy largo, incluso años o décadas. Muchos de ellos no tienen perspectivas de retorno a sus países de origen, por causas ajenas a su voluntad.

Las personas no expulsables pueden tener lazos familiares, económicos o sociales en el país en el que se encuentran. Por tanto y a juicio de estos expertos, la legislación de la UE debe mejorar los derechos fundamentales de este grupo, incluyendo el acceso a la educación, a la salud, alimentación adecuada y trabajo. Este marco legal debe incluir, además, la posibilidad de obtener residencia legal.

Las personas no expulsables, con independencia de las peculiaridades de cada caso, comparten a menudo la condición de irregularidad documental y tienen pocas perspectivas de obtener un status de residencia legal ni bajo su ley nacional o bajo los mecanismos internacionales de protección. Frecuentemente no gozan de status alguno en el país en el que se encuentran, argumenta este grupo.