La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó este jueves que, más allá de la necesaria inversión económica, la reforma pasa por implantar “un nuevo concepto de modelo organizativo” que traiga un cambio definitivo. “No podemos seguir afrontando el problema con reformas episódicas, es una cuestión de Estado”, dijo.

Bravo señaló en este sentido que es necesario “un cambio urgente en esta legislatura”, porque la reforma efectiva de la justicia “es una cuestión inaplazable”.

Aseguró que esta reforma es incluso más importante en la coyuntura actual de crisis económica, una situación que “no puede ser ni un obstáculo ni una excusa” para no emprender las reformas necesarias en la administración de justicia.

EFECTOS DE LA CRISIS

Explicó que desde el inicio de la crisis en septiembre de 2008, se ha producido en España “el mayor incremento de litigiosidad de toda la historia judicial”. Aun así, la portavoz del Consejo señaló que no se trata tanto de invertir dinero sino de “gestionar mejor los recursos”. “Es la hora de los cambios organizativos y de rentabilizar los recursos”, indicó.

La portavoz del Consejo señaló asimismo que, a su entender, los problemas de la justicia no radican en su “politización”, ya que los jueces españoles son “independientes e imparciales”. “No se van a resolver los problemas de la justicia cambiando el sistema de designación de jueces”, aseveró.

DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS

Bravo hizo un diagnóstico de los problemas de la justicia española. Dijo a este respecto que la administración de justicia española “adolece de falta de eficacia y eficiencia” y está basada en “un modelos anacrónico y obsoleto” que no permite rentabilizar las inversiones.

Con el actual sistema organizativo, manifestó, los ciudadanos “acumulan un insatisfacción que no se corresponde con el esfuerzo diario de los jueces”.

Pero la portavoz del CGPJ no se quedó sólo en el diagnóstico, sino que ofreció las recetas que, a su entender, permitirían mejorar el sistema organizativo de la organización de justicia.

Reclamó en este sentido mejoras en el reparto de los recursos, en la implantación de las nuevas tecnologías así como aumentar el número de jueces e instaurar un nuevo diseño de planta judicial, ya que el actual modelo data de 1870.

En el apartado de soluciones también subrayó la necesidad de aprovechar mejor los recursos personales, ya que España, a pesar de ser uno de los países europeos con menor ratio de jueces por habitantes, está a la cabeza en número de personal en la administración de justicia.

También destacó la necesidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para implantar “procedimientos menos burocráticos” y un nuevo proceso penal que instaura “una verdadera policía judicial” y “mayor capacidad al Ministerio Fiscal”.