Así lo aseguró la patronal en un comunicado, en el que advirtió de que esta situación presiona “aún más” a la industria electrointensiva, “máxime cuando todavía no han sido retiradas alguna de las cartas que enviaron las eléctricas dominantes a los grandes consumidores industriales invalidando los contratos de compraventa de energía (PPAs) firmados antes del 14 de septiembre de 2021”.

En su denuncia, AEGE se refiere a la limitación de la minoración de los “beneficios caídos del cielo” que contemplaba el real decreto-ley aprobado el pasado 16 de septiembre. En concreto, el Ejecutivo aprobó excluir de esta reducción de ingresos a todas las compañías eléctricas que ofrecieran contratos a plazo y precio fijo a la industria.

De esta manera, el Ejecutivo pretendía introducir un incentivo para que las eléctricas ampliasen su oferta de electricidad a precio fijo de cara a los consumidores industriales. Sin embargo, desde la patronal afirmaron que ninguno de los asociados en AEGE ha recibido aún ninguna oferta.

“Han transcurrido ya diez días desde la aprobación del real decreto-ley 23/2021, que revisa las condiciones de la minoración por el impacto del precio del gas, y ninguno de los asociados en AEGE ha recibido ofertas de contratos bilaterales de las eléctricas dominantes a precios competitivos”, afirmaron desde la asociación, que representa a 26 principales industriales de materiales básicos –entre ellas, Alcoa y ArcelorMittal– que suman más de 20.000 millones de euros de facturación y más de 66.000 empleos directos y 120.000 indirectos.

“NULA REACCIÓN”

En paralelo, la asociación alertó de que los costes eléctricos ya suponen el 75% de los gastos totales de sus compañías asociadas y “están poniendo en riesgo lo que debería haber sido el año de la recuperación”.

La situación "amenaza ya con ser un calvario en 2022 por las consecuencias terribles que el cierre de fábricas tendría para el empleo en España”, prosiguieron desde la asociación. En este sentido, explicaron que “la singular característica de extrema sensibilidad al precio eléctrico de estas industrias” -que suelen tener costes eléctricos que alcanzan el 60% de los gastos totales- “está llevando a algunas empresas a parar su actividad o reducir su producción”.

“El actual nivel de precios hace inviable la continuidad de algunas compañías, más cuando los futuros eléctricos indican que se mantendrán a un nivel similar en el próximo año”, prosiguieron desde AEGE, que exigió al Gobierno medidas a corto plazo “que permitan que la industria electrointensiva pueda hacer frente a los costes eléctricos en 2022”.

Entre las medidas reclamadas al Gobierno, desde AEGE señalaron que las subastas del coste de la retribución a las renovables, cogeneración y residuos (Recore) “podrían ser una solución”, y pidieron una exención del 80% del peaje de transporte.

“Evidenciada la nula reacción de las eléctricas dominantes a la petición del Gobierno, pese a las medidas aprobadas por éste, las electrointensivas necesitan que el Ejecutivo adopte, con la máxima urgencia y sin ningún tipo de demora, medidas en el corto plazo para mejorar su competitividad. Está en juego la supervivencia de la gran industria básica española”, concluyeron.