Según informó la cartera que dirige Pilar Llop, el objetivo es cumplir con los compromisos normativos adquiridos con la Unión Europea (UE), adaptar la regulación a las nuevas formas de delincuencia y contribuir a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la UE.

El nuevo anteproyecto traspone al ordenamiento jurídico español tres directivas comunitarias. La primera es la Directiva (UE) 2019/713 sobre lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo, que persigue luchar contra la ciberdelincuencia, especialmente la que se refiere al fraude digital, y sancionar el uso fraudulento de nuevos medios de pago, cuyo uso se ha ido generalizando con el desarrollo de las nuevas tecnologías.

Entre los nuevos medios de pago se incluyen el uso de las aplicaciones de pago a través del teléfono móvil o el uso de las monedas virtuales o criptomonedas.

En segundo lugar, la Directiva 2014/57 (UE) busca luchar contra la corrupción económica, especialmente contra las prácticas contrarias a la competencia. De este modo, castiga el abuso de mercado que se produce mediante el uso de información privilegiada, y para ello es necesario realizar una reforma del artículo 285 del Código Penal, con el objeto de equiparar las penas previstas de todos aquellos que hacen uso de lo que se conoce como ‘insider trading’, con independencia de que ostenten un determinado cargo o ejerzan una determinada profesión.

Finalmente, la tercera trasposición es la de la Directiva (UE) 2019/884 respecto al intercambio de información de antecedentes penales de nacionales de terceros países, con lo que se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la UE, para agilizar la cooperación jurídica en la lucha contra la delincuencia, ya que facilita el intercambio entre las autoridades de los Estados como una forma de frenar la delincuencia organizada y el terrorismo.

La trasposición de la Directiva implica la reforma de la ley que actualmente regula el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, que afectan a la regulación del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (Ecris).