Lo hizo a través de un comunicado después de que el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua haya anunciado que los resultados provisionales de las elecciones presidenciales en ese país permitirían la reelección de Daniel Ortega.

Los comicios estuvieron marcados por detenciones arbitrarias de activistas y periodistas, al tiempo que los medios de comunicación han denunciado restricciones y obstáculos que imposibilitaron que ejercieran su labor.

Ante esta situación, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, denunció que “durante los últimos años hemos sido testigos del desarrollo de la trama de una historia de terror en el país, donde son prácticas comunes la represión letal, las detenciones ilegales, los malos tratos, el hostigamiento y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, todas ellas avaladas por un sistema judicial y una Asamblea Nacional sin independencia, que sólo existen para ponerle sello a la agenda represiva de Daniel Ortega”.

Amnistía Internacional recordó que diversas organizaciones y movimientos de la sociedad civil nicaragüense llamaron a un paro electoral ciudadano en el país y a protestas en otras naciones para denunciar la “grave crisis de derechos humanos y la imposibilidad de ejercer los derechos políticos en Nicaragua”. Del mismo modo, los medios de comunicación informaron de poca afluencia de votantes en los centros habilitados.

Añadió que, según un observatorio ciudadano electoral, se registraron más de 200 hechos de violencia política y actos de coacción electoral, incluyendo la presencia de fuerzas parapoliciales en las cercanías de los centros de votación y la intimidación y coacción hacia trabajadores estatales para forzar su voto.

A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó haber recibido información sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, Erika Guevara señaló que “este nuevo y consecutivo mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como presidente y vicepresidenta, vaticina la perpetuación de las estructuras que han implementado la estrategia represiva contra voces críticas y garantizado la impunidad de crímenes del derecho internacional”, al tiempo que continuará “la migración forzada de quienes se ven criminalizados por alzar la voz”.

Por ello, urgió a la comunidad internacional a “hacer más que apoyar a las valientes personas nicaragüenses que continúan luchando por sus derechos humanos”.