Pablo Llarena, portavoz de la APM, valoraba así el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que se exigirán "responsabilidades penales" a los gestores públicos que gasten más de lo estipulado.

Llarena señaló a Servimedia que “no se puede someter a los tribunales que analicen si verdaderamente el gasto se ha comprometido en opciones óptimas o no. Tiene que ser un control político”.

Sin embargo, indicó que el hecho de que “se excedan de los límites presupuestarios puede ser perfectamente objeto de control judicial, con absoluta neutralidad”, y podría ser motivo de una “sanción penal” para los cargos públicos incumplidores.