Vivas sostuvo este jueves que lo más urgente ahora mismo es “atender la saturación de los centros de acogida, tanto de adultos como de menores” con más recursos humanos y económicos, “intensificar la colaboración” con Marruecos, “reforzar” a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y aprobar la proposición de ley presentada por su partido en el Congreso para “corregir” la “laguna que ha puesto de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo” fechada el 29 de junio.

El Alto Tribunal confirmó entonces que la disposición adicional décima de la ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, también conocido como “devoluciones en caliente”, a los migrantes interceptados en alta mar que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla.

En este sentido, solo consideró legal el rechazo en frontera cuando se producía en un “elemento físico de contención”, es decir, la valla, interpretando así que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil no lo son.

El fallo del Supremo hizo que el PP se moviera a los pocos días y presentara la semana pasada una escueta proposición de ley para revertir la situación.

La propuesta, cotejada por Servimedia, cuenta con tres puntos para que “los extranjeros que sean detectados o interceptados en la línea fronteriza terrestre o marítima de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla durante un intento de entrada irregular en territorio nacional” puedan “ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

“En todo caso”, añade, “el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte, así como el Derecho de la Unión Europea, y se efectuará con pleno respeto del principio de no devolución”.

Las solicitudes de protección internacional, asimismo, se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional.

La idea de los populares es acelerar su tramitación para que se vote en el mes de septiembre, cuando se reanude el curso parlamentario, según fuentes del grupo parlamentario. Sin embargo, el propio Alberto Núñez Feijóo considera que la situación es de “emergencia nacional”, por lo que la vía más adecuada podría ser la aprobación de un real decreto-ley para que entre en vigor de forma inmediata.

Fuentes de Génova, por el momento, evitan hablar de la posibilidad de levantar el teléfono para llamar a La Moncloa, pero remarcan que sus medidas están “a disposición” del Ejecutivo.