La iniciativa, que fue admitida a trámite la semana pasada por el Pleno de la Cámara Baja con el voto en contra del Partido Popular, pretende modificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial.

El objetivo de la reforma es evitar que las normas fiscales que aprueben las Juntas Generales de las tres provincias vascas sólo puedan ser recurridas por comunidades autónomas, en lugar de por cualquier ciudadano mediante la vía de lo contencioso-administrativo, como ocurre actualmente.

Ante el comienzo del trámite parlamentario en comisión, el PP ha solicitado que comparezcan el secretario de Estado de Presupuestos, el secretario general de Hacienda, el director de la Agencia Tributaria, los consejeros de Economía y Hacienda de Castilla y León, Cantabria, La Rioja y País Vasco; el responsable de Hacienda de las tres diputaciones forales vascas; y los tres parlamentarios vascos que defendieron la reforma el pasado martes en el Congreso.