Carlos Carnicer, presidente del CGAE, señaló que, con esta condena a Garzón, el Tribunal Supremo confirma “que el derecho de defensa es un elemento nuclear para que los ciudadanos tengan un proceso con todas las garantías. No hay proceso justo si se lamina el derecho de defensa, de forma que las escasísimas restricciones previstas en la ley deben estar especialmente justificadas”.

Carnicer añadió que la sentencia del Supremo “recuerda que todos los poderes públicos, también el judicial, están sujetos a la Constitución y al resto de ordenamiento jurídico. El artículo 117.1 de nuestra Constitución recoge el expreso sometimiento de los jueces al imperio de la ley”.

El representante de los abogados añadió que “no es bueno para la democracia ni para el Estado de derecho que un juez se siente en el banquillo y sea inhabilitado. La abogacía no se alegra. Pero, como señala la sentencia, los poderes públicos, incluido el judicial, están sujetos, como cualquier ciudadano, al imperio de la ley”.

Por último, Carnicer indicó que “en todo momento hemos solicitado al legislador la aprobación de una Ley orgánica del Derecho de Defensa que evite para siempre problemas como los que hemos vivido y que afectan a la esencia del Estado de derecho”.