Ibarra manifestó que este caso es un “magnífico ejemplo” de brecha social entre la justicia de las leyes y la percepción que los ciudadanos tienen de ellas.

Durante su intervención en el citado foro de debate, organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, Ibarra indicó que todo lo que ha acompañado a este proceso contra el juez Garzón “nos entristece profundamente”, pero insistió en que “los jueces somos iguales ante la ley y en la aplicación de la ley”.

Ibarra no quiso valorar la sentencia del Tribunal Supremo, porque no lo ve “conveniente”, y recordó que además de la unanimidad de todos los miembros que integraban el tribunal, ya se ha anunciado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, dijo tener la certeza de que ha sido un proceso judicial “con todas las garantías”.

El presidente del TSJPV cree además que este caso es un magnífico ejemplo de brecha social entre “el contraste entre la justicia de las leyes y lo que en la sociedad se tiene como que es de justicia”, y se mostró convencido de que tendrá un impacto en la imagen que los ciudadanos tienen sobre la justicia.

SEGURIDAD

Por otro lado, preguntado sobre el recorte en la seguridad de los jueces en el nuevo escenario sin violencia de ETA, Ibarra aclaró que es a los responsables del Ministerio y de la Consejería de Interior a los que corresponde valorar el alcance y la intensidad de los programas de seguridad de edificios y del personal de la Administración de Justicia, y añadió que “los presupuestos cambian, los programas tienen que cambiar”.

Ibarra recordó que este viernes el consejero de Interior, Rodolfo Ares, trasladará a la Sala de Gobierno del TSJPV el diagnóstico sobre la situación de riesgo de jueces, magistrados y fiscales y agregó que a partir de ahí, “nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es recibir lo que se nos diga”.

Ibarra cree que este año se van a producir “unas circunstancias específicas” que “vienen dadas por el funcionamiento de la Administración Penitenciaria" y se lamentó de que exista un discurso social en el que “se están lanzando mensajes que no se corresponden con la realidad jurídica sobre amnistía, indultos, aplicaciones del reglamento penitenciario, etc., que requerirían cambiar la Constitución, las leyes, el reglamento penitenciario”.

En este sentido, dijo que “el eco de la frustración que se produzca con estos mensajes que no se corresponden con la realidad jurídica al final se va a proyectar sobre la Administración de Justicia, porque es en las audiencias provinciales donde se deciden los recursos que tienen que ver con el tratamiento penitenciario”.

REFORMA DEL CGJP

Sobre el anunciado cambio que prevé el Gobierno del Partido Popular en el sistema de elección de los miembros del CGPJ, Ibarra opinó que “las modificaciones son cuestiones de Estado que debieran ir avaladas por el consenso entre las fuerzas políticas principales”, y lo importante es que el resultado final “no nos acabe metiendo en el campo de batalla a los jueces, que no debemos ni pisar”.

Juan Luis Ibarra se declaró a favor de no modificar el sistema actual “en sus líneas generales”. “Puede y debería funcionar mejor, pero yo no lo modificaría”, manifestó.