García, que estuvo acompañada de las diputadas Loreto Arenillas, Jazmín Beirak, Alicia Torija y Cristina Castillo, lamentó que 15 años después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de una ley de estas características, la Comunidad de Madrid "sigue sin contar con una ley de igualdad autonómica, siendo la única, junto a La Rioja".

García dijo que esta sería la primera ley de estas características en la región. "Presentamos esta ley para adaptar las instituciones a la realidad de nuestra región”, insistió.

Indicó que esta iniciativa persigue atender las necesidades de “ese otro Madrid que reclama por la igualdad, que quiere trabajar por esa igualdad efectiva y que no es negacionista con la violencia machista ni las desigualdades”.

Consideró que “hay otro Madrid que quiere una sociedad más justa y que se equipare al resto de sociedades y no se quede atrapada en el siglo XXI”.

Esta ley pretende integrar las políticas de género en las administraciones al igual que garantizar la representación equilibrada entre mujeres, hombres y personas no binarias. Además, esta normativa amplía las tipologías de violencia actualmente existentes, ya que incluye la violencia digital, entendida como cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología.

CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

También la violencia institucional, como cualquier acto u omisión de los servidores públicos que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercido de los derechos humanos de las mujeres, y la violencia vicaria.

Además, la ley establece que se hagan estimaciones del valor económico del trabajo doméstico y de cuidado de niños, niñas y personas mayores o dependientes llevado a cabo en la región por parte de las cuidadoras. Además, incorpora el reconocimiento de la diversidad familiar, señalando la necesidad de implicar a los hombres en los trabajos domésticos y de cuidados.

La ley incluye que el sistema sanitario público madrileño realice intervenciones en Atención Primaria dirigidas a ofrecer a padres y madres la formación adecuada para ejercer la paternidad y la maternidad de manera corresponsable.

Asimismo, reconoce a las personas no binarias, suponiendo un "avance" legislativo que actualiza y adapta la normativa de la Comunidad de Madrid a estas realidades y sitúa esta ley como pionera en el reconocimiento de nuevas identidades que ya vienen existiendo.